En los próximos días, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia definirá la situación jurídica del excongresista Álvaro García Romero. Pese a que el juzgado 22 de ejecución de penas de Bogotá libró el pasado 15 de julio la boleta de libertad para el exsenador. Sin embargo, la existencia de un proceso en el alto tribunal por el delito de desplazamiento forzado tiene frenada su salida de la cárcel La Picota.
En este expediente, existe una medida de aseguramiento vigente, hecho por el cual la defensa de García Romero envió una solicitud para que se le otorgue la libertad condicional a cambio de un compromiso de comparecencia y el pago de una caución.
La medida fue emitida en noviembre de 2012 en medio de un proceso por los hechos que rodearon la masacre de Macayepo, ejecutada por paramilitares del Bloque Montes de María, en octubre del 2000 y en la cual fueron asesinados 15 campesinos señalados de ser auxiliadores de la guerrilla de las Farc.
La defensa de García Romero insiste en la revocatoria de esta medida de aseguramiento, aduciendo que ya no se hace necesaria, tiene una justificación, puesto que ya cumplió 17 años tras las rejas. Igualmente, se advierte que hasta la fecha no ha comenzado el juicio por este nuevo caso.
En esa oportunidad, la Corte señaló que tras la masacre cerca de cuatro mil habitantes de la región de los Montes de María tuvieron que abandonar sus hogares por miedo a represalias de los grupos paramilitares que se expandían por la zona.
“Como consecuencia de la incursión paramilitar que creó un ambiente de angustia y zozobra colectivas consolidado con ocasión de los enfrentamientos entre paramilitares e insurgentes de las Farc y el ELN, que dejó como resultado varios homicidios y la incineración de viviendas en la zona”, precisó la Corte al dictar la medida de aseguramiento.
García Romero fue sentenciado en febrero de 2010 por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia a 40 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio múltiple, homicidio simple, en calidad de determinador (es decir, el que dio la orden).
El pasado 8 de julio, el juzgado de ejecución de penas —como reveló en exclusiva SEMANA— le otorgó la libertad condicional al exsenador por considerar que cumplió las tres quintas partes de su condena. Igualmente, se avalaron las redenciones por estudio y trabajo, su buena conducta, su edad y su estado de salud.
El juez de ejecución de penas se fijó una caución de 10 salarios mínimos legales vigentes (casi 14 millones de pesos), un compromiso de buena conducta y un periodo de prueba por el término de 14 años, ocho meses y 24 días.
En la decisión se señala que “a la fecha el sentenciado ha purgado 25 años, tres meses y 24 días de la pena fijada en 40 años”.
Tras conocerse la libertad, la defensa de García Romero declaró que se encuentra “insolvente”, por lo que no puede pagar la multa de 10.100 salarios mínimos legales vigentes (unos 13.130 millones de pesos a cambio de hoy) que le fijó la Corte Suprema en la condena.
Mientras tanto, García Romero, de 73 años de edad, seguirá en la cárcel La Picota, esperando la decisión de la Corte Suprema.