Procuraduría destituyó e inhabilitó a dos patrulleros de la Policía por abuso sexual contra una menor de edad

La Procuraduría General de la Nación sancionó a dos patrulleros de la Policía Nacional por conductas de acceso carnal violento sobre una menor de edad en Yopal, Casanare. La destitución e inhabilidad de 17 y 18 años impuestas a los patrulleros Wilfredo Valencia Pérez y Hyalmar Juver Balaguera Siabato, respectivamente, demuestran la gravedad de los hechos y el compromiso del Ministerio Público en la defensa de los derechos de las víctimas.

La Procuraduría General confirmó que los sancionados se encontraron con la víctima y un ciudadano en un terreno despoblado del barrio Villa Nariño de esa ciudad, lugar en el que la obligaron a múltiples vejaciones. Estas acciones violentas y degradantes, cometidas por dos funcionarios, que debían velar por la seguridad y protección de los ciudadanos, son totalmente “inaceptables y merecen una sanción ejemplarizante” para evitar que se repitan en el futuro.

El Ministerio Público, en fallo de primera instancia, concluyó que los uniformados Valencia Pérez y Balaguera Siabato exigieron al acompañante de la menor la suma de $500.000 a cambio de evitar reportarlo a la Policía de Infancia y Adolescencia, por haberlo encontrado a solas con ella. Esta conducta de corrupción y extorsión por parte de funcionarios públicos es igualmente condenable y merece una sanción proporcional a la gravedad de los hechos, indicó el organismo de control.

La Procuraduría delegada de Juzgamiento 2, al calificar las conductas violatorias a la integridad de la menor y el cobro ilegal al ciudadano por parte de los patrulleros como faltas disciplinarias gravísimas, atribuidas en forma definitiva a título de dolo, reafirma su compromiso con la lucha contra la violencia sexual y la corrupción en Colombia.

Asimismo, el ente de control exige a todas las instituciones públicas y a sus funcionarios el cumplimiento estricto de las normas y el respeto por los derechos humanos de todas las personas, especialmente de los más vulnerables, como lo son las víctimas de delitos sexuales.

Caso de presunto abuso al interior del Ejército

En otros hechos aislados, en una habitación del Batallón Brigada 31 del Ejército Nacional en Mitú, Vaupés, el sargento viceprimero Wálter Alexánder Torres Gallego habría sometido violentamente a un soldado de 18 años para abusarlo sexualmente.

De acuerdo con la denuncia de la víctima, los hechos habrían ocurrido entre octubre y noviembre del 2022, periodo en el que habría sido agredido sexualmente por el hoy capturado, “quien aprovechó su posición dominante para presuntamente accederlo sexualmente”.

“Al parecer, Torres Gallego le ordenó a la víctima que ingresara en una habitación del Batallón Brigada 31 del Ejército y allí, presuntamente, lo habría sometido violentamente para posteriormente abusarlo”, indicó la Fiscalía General.

De acuerdo con el relato de la víctima, luego del presunto abuso sexual, habría seguido siendo acosado por el suboficial citándolo en lugares apartados. “Un superior que se enteró de la situación habló con el soldado y lo invitó a denunciar ante la Fiscalía”.

Luego del valorar el material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario al sargento viceprimero, el pasado 13 de febrero.

El uniformado, por su presunta responsabilidad en los hechos, es señalado por los delitos de acceso carnal violento en concurso con acoso sexual.

Ejército se pronuncia sobre los hechos

“Este comando, para la vigencia 2022, cuando conoció de la denuncia por parte de la presunta víctima, inmediatamente prestó apoyo y asesoría para que esta fuera instaurada ante las autoridades; así mismo, remitió al soldado a un centro hospitalario para que recibiese atención médica por diferentes especialistas y, posteriormente, lo trasladó a Apiay para continuar con sus procesos de atención”, indicó el Ejército Nacional por medio de un comunicado.

Bajo los parámetros establecidos en la Ley 1862 del 2017, el Comando inició la indagación disciplinaria correspondiente en contra del suboficial.

“Rechazamos categóricamente cualquier acto que atente contra la integridad física, moral y psicológica de cualquier integrante del Ejército Nacional, y como política institucional seguiremos prestos a atender los requerimientos de las autoridades judiciales en el marco de la colaboración armónica y en cumplimiento de la ley”, enfatizó.