La captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 cerró 26 años de un régimen que sometió a Venezuela entera –sus instituciones, sus recursos y su gente– a la lógica del autoritarismo y la concentración del poder.
Lo que se abrió en ese momento no fue solamente un capítulo nuevo para el vecino país, sino uno de los procesos políticos más trascendentales que ha enfrentado América Latina en las últimas décadas. Estados Unidos asumió un papel de acompañamiento en la reconstrucción institucional, los liderazgos civiles de María Corina Machado y Edmundo González reclamaron el mandato que legítimamente les otorgaron las urnas en 2024, y un gobierno interino quedó encargado de conducir el país mientras se define el camino hacia elecciones libres.
Para Colombia, vecino directo y la nación que más ha absorbido el peso de la tragedia venezolana, este momento no es una noticia de política exterior. Es una oportunidad histórica y, al mismo tiempo, una responsabilidad que no admite ambigüedades.
La tragedia venezolana fue la consecuencia directa de un proyecto político que debilitó las instituciones democráticas, restringió las libertades fundamentales y provocó una de las mayores crisis migratorias de nuestro hemisferio. Durante años advertimos que la dictadura no solo representaba una tragedia para sus ciudadanos, sino también una amenaza para la seguridad regional.
Colombia respondió con solidaridad a millones de migrantes mediante el Estatuto Temporal de Protección, una de las iniciativas humanitarias más importantes adoptadas en América Latina.
El reto tiene dimensiones que van mucho más allá de la coyuntura. Una frontera de más de 2.200 kilómetros, millones de migrantes venezolanos en territorio colombiano, una economía fronteriza golpeada durante años y, sobre todo, la herencia criminal de una complicidad sostenida entre el chavismo y los grupos armados ilegales, configuran un desafío de enormes proporciones.
Frente a esta nueva realidad, Colombia debe actuar con claridad en tres dimensiones inseparables: la consolidación democrática de Venezuela, las oportunidades económicas derivadas de su reconstrucción y una agenda de seguridad compartida que ninguna consideración diplomática o comercial puede relegar.
Las tareas que Colombia no puede eludir
La salida de Maduro no equivale, por sí sola, a la consolidación de una democracia. Colombia debe utilizar su liderazgo regional para insistir en una transición basada en la separación de poderes, la independencia judicial y unas fuerzas armadas sometidas al orden constitucional.
Ese compromiso debe complementarse con apoyo a la reconstrucción del sistema electoral venezolano mediante asistencia técnica, observación internacional y garantías verificables que permitan celebrar elecciones libres y transparentes dentro de plazos claramente definidos.
El reconocimiento de la victoria de Edmundo González en las elecciones de 2024 debe traducirse en hechos concretos que permitan materializar el mandato democrático expresado por los ciudadanos venezolanos.
Colombia también debe prepararse para un escenario de retorno gradual de migrantes venezolanos. Si la transición avanza, miles de personas podrían optar por regresar a su país.
Cooperar en el sometimiento constitucional de las estructuras armadas que sostuvieron al régimen constituye una tarea prioritaria. Colectivos, milicias y organizaciones paralelas al Estado deberán integrarse a un marco institucional legítimo o desaparecer.
Asimismo, será indispensable normalizar gradualmente las relaciones consulares, reabrir los pasos fronterizos formales y recuperar los canales institucionales binacionales.
Las oportunidades que la reconstrucción abre
Una Venezuela en proceso de recuperación abre oportunidades económicas significativas para Colombia. La proximidad geográfica, los vínculos históricos y la complementariedad productiva ofrecen ventajas que pocos países pueden igualar.
Uno de los mayores potenciales de esta nueva etapa se encuentra en la integración eléctrica y gasífera binacional. El intercambio de excedentes, la recuperación de proyectos de interconexión y el retorno de inversión internacional pueden convertirse en motores de crecimiento, competitividad e integración para ambos países.
La minería representa otro frente de cooperación. La formalización de actividades extractivas y la lucha conjunta contra la minería ilegal permitirían fortalecer la actividad económica legal y reducir fuentes de financiación de organizaciones criminales.
También existe una oportunidad evidente en la recuperación del comercio bilateral. Durante años, Venezuela fue uno de los principales socios comerciales de Colombia.
La seguridad alimentaria y la agroindustria ofrecen también un enorme potencial. Colombia puede convertirse en un proveedor estratégico de alimentos y en un socio para proyectos que fortalezcan la integración productiva entre ambos países.
A ello se suma la necesidad de reconstruir infraestructura física y logística. Carreteras, puertos y corredores de transporte deteriorados por años de abandono requerirán inversiones considerables.
La agenda de seguridad que ninguna oportunidad puede desplazar
Ninguna de las tareas ni de las oportunidades descritas será sostenible si no se aborda de manera decidida la principal herencia del régimen chavista: la expansión de estructuras criminales transnacionales bajo la tolerancia y protección de sectores del poder político.
Durante más de dos décadas advertimos que las disidencias de las Farc, el ELN y otras organizaciones criminales encontraron en territorio venezolano refugio, corredores de narcotráfico, espacios de entrenamiento y capacidad de operación.
Por esa razón, la nueva relación bilateral debe construirse sobre una agenda de seguridad sólida y verificable. Colombia necesita desarrollar con la futura institucionalidad venezolana mecanismos eficaces de cooperación en inteligencia, control fronterizo, extradición, judicialización y lucha contra las economías ilícitas.
Debe existir, además, un compromiso explícito de que ningún Gobierno venezolano volverá a permitir la existencia de santuarios para grupos armados ilegales.
El papel de Estados Unidos
La participación de Estados Unidos será determinante para el éxito de la transición. Su papel debe orientarse a acelerar el retorno pleno de la democracia mediante un cronograma claro hacia elecciones libres, fortaleciendo a los liderazgos civiles legítimos y evitando cualquier esquema de tutela indefinida.
Cuanto antes exista una institucionalidad democrática estable en Caracas, antes podrán consolidarse las oportunidades económicas, los mecanismos de cooperación y los acuerdos de seguridad que ambos países necesitan.
La reconstrucción de Venezuela será una de las grandes pruebas democráticas de nuestro tiempo. Si se consolida una institucionalidad basada en la libertad, la legalidad, la separación de poderes y el respeto por los derechos fundamentales, ganará Venezuela, ganará Colombia y ganará todo el hemisferio.
Hoy más que nunca, Colombia debe actuar con visión estratégica y liderazgo democrático: acompañar la transición sin imponerla, aprovechar las oportunidades sin descuidar la seguridad y defender sin vacilaciones los principios que hicieron posible este nuevo momento histórico.
La tarea consiste en asegurar que el regreso de la democracia no sea un episodio transitorio, sino el comienzo de una nueva era de libertad, prosperidad y seguridad para las futuras generaciones.