En 2009, durante la Noche de Velitas en el barrio Los Laches, al sur de Bogotá, un niño de nueve años fue víctima de un abuso sexual que marcó su infancia.
El responsable, Mauricio Garibello Medina, fue condenado por el Juzgado 32 de Conocimiento de Bogotá en 2011 por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. La sentencia estableció una pena de trece años y cuatro meses, pero nunca se hizo efectiva, pues el sacerdote no asistió a la audiencia y logró salir del país antes de ser capturado.
A comienzos de 2012, mientras la justicia colombiana emitía la orden de captura, Garibello Medina se trasladó a Trujillo, Perú. Allí continuó su labor religiosa, ascendiendo incluso al rango de reverendo diácono dentro de una comunidad anglicana.
Según Noticias Caracol, hasta 2025 seguía activo, realizando actos litúrgicos y manteniendo contacto con niños de la congregación. La situación provocó la indignación de la madre de la víctima, quien durante más de quince años ha buscado que la justicia se haga efectiva. “Él está allá como quien dice ‘yo no hice nada, aquí no pasó nada’. Lo veo dando la hostia, dictando la palabra de Dios, rodeado de niños… La verdad, siento una tristeza muy grande. ¿Dónde está la justicia?”, le dijo a ese medio.
El caso registró un episodio en 2018, cuando Medina fue detenido en Lima tras la emisión de una circular roja de Interpol. En ese año, el sacerdote tenía una extradición vigente en Colombia, que ya había sido aprobada por el gobierno peruano. Sin embargo, ese proceso quedó a medias, pues no se concretó; finalmente, el religioso recuperó su libertad en Perú.
En el momento en que una jueza hizo efectiva su condena, le dijo al hombre: “Sin importarle que se trataba de un niño de nueve años de edad y que desarrolló una notable perturbación mental. No le importó ni sintió respeto por la víctima o por la sociedad, omitiendo que era un sujeto de quien se esperaba, por su vocación religiosa, un mayor respeto hacia los niños”.
En diciembre de 2025, la defensa de Garibello Medina presentó una solicitud para que la condena prescribiera, al alegar que había transcurrido el tiempo máximo permitido para ejecutar la pena. Un juez aceptó el pedido, lo que dio por concluido el proceso sin que el sacerdote llegara a cumplir un solo día en prisión.
