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Sindicatos se quedan sin los poderes que les dio el gobierno Petro para negociar. Suspenden decreto

El Consejo de Estado declaró la medida cautelar hasta que se tome una decisión de fondo dentro del proceso.

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2 de octubre de 2026 a las 3:23 p. m.
Imagen de referencia de organizaciones sindicales.
Imagen de referencia de organizaciones sindicales. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que expidió el gobierno del expresidente Gustavo Petro en marzo de 2026 para darles ‘superpoderes’ a los sindicatos en el momento de negociar con sectores económicos.

Esta decisión de alto impacto para el derecho laboral y el sector empresarial en Colombia fue emitida por los magistrados de la Sección Segunda, quienes dejaron transitoriamente sin efectos ese acto administrativo que suscribieron el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda para reglamentar la negociación colectiva en niveles superiores al empresarial.

Ese decreto, que involucraba tanto a los trabajadores del sector privado como del público, permitía a los sindicatos presentar pliegos de peticiones unificados a sectores económicos o holdings empresariales. Antes, ese tipo de trámites se limitaba a una compañía en particular.

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El argumento central del Consejo de Estado para tomar esa decisión fue que el gobierno Petro “excedió los límites de la potestad” plasmados en la Constitución para este tipo de casos y terminó reemplazando las funciones del Congreso de la República.

El documento explicó: “El examen efectuado permite advertir que el Ejecutivo no se limitó a desarrollar un régimen preexistente, sino que estableció mediante reglamento los elementos estructurales de un modelo de negociación colectiva cuya configuración correspondía al legislador”.

El decreto terminó suspendido luego de que el Consejo de Estado determinara que con su expedición se creó un nuevo modelo estructural de negociación colectiva sin una ley del Congreso de la República que lo respaldara.

Los magistrados de la Sección Segunda también consideraron que dicho acto administrativo tenía una deficiencia en el marco normativo y habría sido impuesto por el gobierno de turno después de que archivó la reforma laboral en el Congreso, teniendo en cuenta que esas facultades hacían parte del proyecto.

La decisión provocó la reacción de la ministra de Trabajo del presidente De La Espriella, Natalia López, quien dijo a través de su cuenta de X que respeta y acata la decisión del Consejo de Estado, pero el equipo jurídico se reunirá a analizar esta decisión y sus efectos.

“A partir de su notificación, el decreto deja de producir efectos y desde el Ministerio (del Trabajo) impartiremos las orientaciones correspondientes. La negociación colectiva sigue plenamente garantizada en Colombia”, explicó la ministra López.

El entonces ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, fue uno de los responsables de expedir este decreto con el que pretendían fortalecer los derechos laborales, pero terminaron creando un mecanismo que, según gremios como la Andi, Fenalco y Acopi, excedía las facultades del Ejecutivo.