Una polémica respuesta entregó la Presidencia de la República a un juez en el marco de una demanda de reparación por las chuzadas a Marelbys Meza y Fabiola Perea. Las dos mujeres, a las que convirtieron en cabecillas del Clan del Golfo, demandaron al Estado por daños y perjuicios. La Presidencia advierte que no le “constan” los hechos.
En la demanda se incluyó a la Policía, la Fiscalía y la Presidencia de la República; esta última respondió de una forma muy particular a las dos exempleadas de Laura Sarabia, entonces jefe de gabinete del gobierno del cambio, que fueron perseguidas, interceptadas y hasta amenazadas por policías de la seguridad presidencial.

La Presidencia aseguró que no le “constan los hechos” que fueron incluidos en la demanda, esto es, las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza y Fabiola Perea, que incluso fueron aceptadas por dos policías implicados y permitieron la condena de otros dos. En otras palabras, a pesar de las condenas, la Presidencia insiste en que no le consta.
“Debe advertirse que la Presidencia de la República desconoce la ocurrencia de los hechos narrados en la demanda. Son enteramente ajenos a su competencia funcional y se refieren a conductas ajenas a la Entidad”, señala la respuesta que remitió la Presidencia de la República al juez a cargo de la demanda.
En la misma respuesta, la Presidencia expone que si bien Laura Sarabia, entonces jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, era funcionaria del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), sus “asuntos personales” no son competencia de la entidad y, por tanto, se apartan de cualquier responsabilidad.

“No nos consta. Si bien la señora Laura Camila Sarabia Torres fue funcionaria del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, sus asuntos personales, como la eventual contratación de servicios domésticos en su vivienda privada, son ajenos a las competencias y responsabilidades de esta entidad”, advierte el documento de la Presidencia.
De acuerdo con la respuesta, los hechos que son materia de investigación por parte de la Fiscalía y que derivaron en cuatro condenas de la justicia, no pueden confirmarse y además hacen parte de los “asuntos personales” de la ahora embajadora de Colombia en Reino Unido.

La respuesta de la Presidencia se suma a otras que entregaron entidades como la Fiscalía y la Policía, que generaron varias inquietudes principalmente de las víctimas de este caso, Marelbys Meza y Fabiola Perea, pues en cuanto a la Fiscalía se repitió la respuesta de la Presidencia al advertir que los hechos no constituyen un “daño antijurídico”.










