Luis Carlos Reyes, el exministro y exdirector de la Dian, se suma a la lista de testigos que la Fiscalía usará contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, el señalado zar del contrabando y en el objetivo de condenarlo por el delito de cohecho.

Para la Fiscalía, la declaración de Reyes es fundamental para determinar la responsabilidad de Diego Marín en los hechos materia de investigación y que advierten los sobornos a funcionarios públicos con el propósito de garantizar la permanencia en el tiempo de la organización criminal.
“Es pertinente escuchar el testimonio del señor Luis Carlos Reyes ya que fungió como director de Impuestos y Aduanas Nacionales en la época y la temporalidad de la imputación y acusación de esta primera fase investigativa. Podrá dar cuenta sobre la forma en la que al menos dos personas cercanas al aquí acusado hacían acercamientos con el fin de cooptación objeto de este juicio”, señaló el fiscal Mauricio Penna.
El fiscal advirtió que Luis Carlos Reyes tenía en su poder un listado con “recomendados” con los nombres de quienes tenían que ser ubicados en puestos estratégicos en la Dian y que estarían vinculados a la organización criminal, entre ellos dos personas cuyas hojas de vida fueron encontradas en el allanamiento que ordenó la Fiscalía en la casa de alias Papá Pitufo.
“La responsabilidad que pretende acreditarse en el rol de Diego Marín Buitrago en la estructura criminal es que se demostrará el modus operandi de estas estructuras para sobornar funcionarios y facilitar actividades de contrabando. Se valida con su testimonio un documento con lista de recomendaciones que entregó a la Fiscalía, en la que aparecen nombres de dos personas cuyas hojas de vida se encontraron en el allanamiento realizado a la casa del acusado”, señaló el fiscal Penna.

Insistió en que la declaración del exministro y exdirector de la Dian resulta “pertinente” tras advertir que en manos de Luis Carlos Reyes estaba un organigrama que le fue entregado con el propósito de explicar cómo estaba compuesta la organización criminal y la prueba de los supuestos sobornos a funcionarios públicos.
