En un nuevo reporte publicado este martes 13 de enero, la Contraloría General advirtió que existen 4,84 billones de pesos en fiducias que no se han ejecutado, una situación que afecta directamente el desarrollo de obras destinadas a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
En el informe, el organismo de control fiscal indicó que, tras analizar la gestión y la ejecución de los recursos públicos inmovilizados en fiducias, con corte a diciembre de 2024, se llegó a la conclusión de que existe una cifra significativa sin ejecución o sin proyección de ejecución.
“Esta situación deriva en un doble costo para el Estado: pérdida de eficiencia económica, que se traduce en un mayor costo fiscal, y la pérdida de eficacia social”, precisó la Contraloría mediante un comunicado.
En el informe se advierte que la pérdida económica “se manifiesta en el costo de oportunidad”, pues “el rendimiento real de los fondos inmovilizados en portafolios de baja rentabilidad, es muy inferior al valor público que generarían si se ejecutaran oportunamente”.
Esta falta de ejecución conlleva retrasos en la entrega de bienes y servicios y se traduce en un riesgo para la ejecución de los contratos derivados, lo que genera mayores demoras a futuro en los procesos y afecta el cumplimiento efectivo de las metas propuestas.
El estudio reveló que una parte considerable de los recursos públicos administrados mediante contratos fiduciarios permanece inmovilizada, a pesar de que “estos mecanismos fueron creados para promover la eficiencia y la transparencia”.
Con corte a diciembre de 2024, se encontró que, del universo de $13,48 billones correspondientes a 787 negocios fiduciarios, $4,84 billones —es decir, 156 negocios— estarían sin ejecutar, lo que equivale al 35,61 % del total.
“Esta situación representa no solo una ineficiencia fiscal, sino también la pérdida de oportunidades para invertir oportunamente en proyectos estratégicos”, alegó.
La situación en las entidades públicas
Frente a las entidades públicas, de una muestra de negocios fiduciarios por valor de 390.265 millones de pesos, la Contraloría General encontró que en el Ministerio de Vivienda hay 165.255 millones de pesos inmovilizados (un 42,34 %).
Mientras que en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se encontró que 109.320 millones de pesos (el 28,01 %) no han sido ejecutados. El escalafón lo completa el Ministerio de Salud con $ 67.792 millones (17,37 %).
Por su parte, las fiduciarias con mayor administración de recursos inmovilizados son Scotiabank Colpatria ($ 168.081 millones), Fiduciaria La Previsora ($ 74.440 millones) y Fiduciaria Popular ($ 46.979 millones), evidenciando una alta concentración en pocas entidades.
“Estos resultados subrayan la necesidad de focalizar acciones correctivas en sectores y actores críticos para reducir la inmovilización y mejorar la eficiencia del gasto público”, precisó el organismo.
En el informe se señala que la Contraloría identificó como las principales causas de inmovilización de recursos en negocios fiduciarios en Colombia se relacionan con falta de ejecución oportuna, deficiencias contractuales y procesos administrativos ineficientes. Estos problemas generan retrasos, rigidez operativa y pérdida de eficiencia en la gestión pública, aunque siempre ha habido recursos disponibles para ese proceso fiduciario.
“La inmovilización de recursos fiduciarios durante 2024 —derivada de factores administrativos y contractuales— incide directamente en el cumplimiento de metas y en la ejecución de los proyectos de inversión pública. Los proyectos fiduciarios de mayor envergadura con niveles significativos de inmovilización corresponden a sectores estratégicos del desarrollo nacional, como infraestructura inmobiliaria, la energía, el transporte de hidrocarburos y los servicios sociales, caracterizados por altos niveles de inversión inicial, ejecución a largo plazo y alineación con prioridades de política pública", enfatiza la publicación.
