Para el expresidente Álvaro Uribe Vélez no es ninguna casualidad que su llamado a juicio por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal coincida con el regreso del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso al país. En la exposición que hizo en la mañana de este miércoles tras conocer la radicación del escrito de acusación en su contra, Uribe fue claro en indicar que se han presentado un sinnúmero de manipulaciones y presiones en su proceso.
Todo esto, según indicó, forma parte de una “motivación” para buscar “un acuerdo de paz total o ley de punto final”, proyecto impulsado desde el primer momento por el gobierno de Gustavo Petro para buscar una negociación con todos los integrantes de bandas y grupos organizados alzados en armas. En este afán, se le quieren perdonar todos los actos ilegales a aquellos que cometieron delitos y se busca procesar a todos los que defendieron la democracia y la ley.
“Entonces, que perdonen a los delincuentes, como lo hicieron con las Farc, y lo justifiquen con la ficción de perdonar a quienes no hemos delinquido”, aseveró el exmandatario en referencia al Acuerdo de Paz firmado en 2016. Para Uribe, es tan evidente la manipulación de su proceso que pese a ser citado en varias oportunidades el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso no ha querido declarar “sacando disculpas inaceptables”.
Así como Mancuso, tampoco declaró directamente en su proceso Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, considerado el principal testigo en su contra. “Las declaraciones de Monsalve y otros en el juicio contra el doctor Diego Cadena habrían sido más que suficientes para que la Fiscalía desestimara cualquier posibilidad de acusarme”.
Igualmente, Álvaro Uribe Vélez cuestionó el actuar del exfiscal general Eduardo Montealegre en este proceso, asegurando que existen varios señalamientos en su contra que muestran la manipulación de evidencia y las presiones que ha ejercido para que lo vinculen con grupos paramilitares en Antioquia.
Para el expresidente, en diferentes oportunidades Montealegre ha demostrado “una rabia”, la cual quedó claramente reflejada en el proceso que se le adelantó a su hermano, el ganadero Santiago Uribe Vélez por presuntos vínculos con el grupo paramilitar conocido como ‘Los 12 Apóstoles’.
En el caso Uribe, el exjefe del ente investigador llegó a incluso a ejercer presiones para que después que se negara la solicitud de preclusión se ordenara su llamado inmediato a juicio, situación que generó varios llamados de atención.
El pasado 6 de octubre, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá recordó que existe una separación de funciones dentro de la Rama Judicial. “Un juez no le puede ordenar a la Fiscalía acusar”, reseñó el magistrado ponente. “Esta petición que hace Eduardo Montealegre Lynett no resulta admisible”.
El magistrado ponente recordó que la Constitución Política y la ley son muy claras al señalar que la carga de la acusación recae únicamente en la Fiscalía General. De avalar las pretensiones de la petición de Montealegre se estaría al frente de “una inaceptable intromisión en los roles que cada parte asume en el sistema penal acusatorio colombiano”.
“También sería una forma de lesionar el principio acusatorio sobre el cual se construye el modelo procesal vigente”, añadió el togado. “El acto de acusar es un monopolio exclusivo del Estado delegado a la Fiscalía. Por ello, ni en la Ley vigente ni en las discusiones de la Ley 906, ni en el derecho comparado, como tampoco en la jurisprudencia se ha admitido una propuesta como la sugerida por el interviniente”.
El magistrado puso de presente el hecho de que hace unos meses ya se había declarado improcedente una tutela presentada por el exfiscal general de la Nación, quien pedía que una vez rechazada la solicitud de preclusión el paso a seguir era radicar el escrito de acusación contra Uribe.