Al Consejo de Estado llegó una demanda que busca la pérdida de investidura de Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz, los entonces congresistas de la Comisión de Crédito Público que terminaron salpicados en el saqueo a la UNGRD.
Lo particular es que este nuevo recurso lo radicó el presidente de la Veeduría Nacional Control Social y Efectivo, Juan Carlos Calderón España, quien logró a través de otra demanda la muerte política, en primera instancia, del expresidente del Senado, Iván Name, por ese mismo escándalo de corrupción.
Calderón España relató en la demanda que durante el año 2023 los entonces congresistas integraban la Comisión de Crédito Público, la instancia del Congreso que emite conceptos sobre las operaciones de crédito que presenta el Ministerio de Hacienda.
#Nación | Trasladan a La Picota a Sneyder Pinilla y Olmedo López, testigos detrás del saqueo a la UNGRDhttps://t.co/exrMwJXBaK
— Revista Semana (@RevistaSemana) October 6, 2026
El 12 de noviembre de 2024, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra los seis accionados por el presunto delito de cohecho impropio y ordenó escucharlos en indagatoria.
La hipótesis de la Sala giraba en torno a que los legisladores habrían aceptado emitir dichos conceptos de las operaciones de crédito a cambio de dádivas materializadas en proyectos y contratos de la UNGRD en Córdoba, Bolívar y Arauca.
El presidente de la Veeduría también recordó que Olmedo López y Sneyder Pinilla, los exdirectivos de la UNGRD y principales testigos de este caso, han declarado que los congresistas habrían participado en ese esquema de intercambio de contratos por apoyo a iniciativas del gobierno Petro en el Congreso.
Frente a esa situación, Calderón España puntualizó en la demanda: “Las conductas descritas ocurrieron mientras los demandados ostentaban la investidura de congresistas y con ocasión del ejercicio de sus funciones en la CICP (Comisión Interparlamentaria de Crédito Público)”.
Esa es la principal razón para que el presidente de la Veeduría Nacional Control Social le pida al Consejo de Estado que declare la pérdida de investidura contra los seis legisladores por supuestamente violar principios como el conflicto de interés, tráfico de influencias y el régimen de incompatibilidades.
Calderón España también precisó en el recurso que la pérdida de investidura es un “proceso sancionatorio autónomo”, por lo que no es necesario que exista una condena en el proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia para declarar la muerte política de los seis demandados.
Este caso es similar al de Iván Name, quien sigue privado de la libertad; su proceso está en etapa de juicio y aún no ha sido condenado, pero el Consejo de Estado le quitó la investidura en primera instancia por los 3.000 millones de pesos que habría recibido para apoyar las reformas del gobierno Petro en el Congreso.
¡SE ACABÓ LA GUACHAFITA Y SE ACABARON LOS PRIVILEGIOS!
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 6, 2026
Di la orden y hoy se cumplió: Olmedo López y Sneyder Pinilla fueron trasladados a La Picota.
Estamos hablando de plata que era para llevar agua donde no había una gota, alimentar niños, ayudar a familias que lo habían… pic.twitter.com/eLgeMcXsFL
En ese capítulo terminó mencionada 85 veces la exsenadora María José Pizarro, quien casualmente tomaba la batuta de la presidencia del Senado cada vez que Name se salía de la sesión; también lo hizo justo cuando en la discusión del día estaba uno de los proyectos clave del gobierno anterior: la reforma pensional.
Los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, quienes siguen en la cárcel por este caso, fueron reelegidos para el periodo 2026-2030, pero podrían estar perdiendo esa investidura por esta nueva demanda que interpuso la veeduría que logró la muerte política de Name.