La banda de Los Costeños, al mando de Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, ha impuesto el terror en Barranquilla y los municipios del área metropolitana donde tienen sus reglas del horror. Han reclutado menores de edad, manejan el tráfico de estupefacientes, homicidios selectivos y el calvario de los comerciantes: la extorsión y, a quienes se oponen, los asesinan o, en su defecto, les cometen atentados a sus locales.
Un actuar similar es el de la banda de Los Pepes, que dirige Digno José Palomino Rodríguez, alias Dino o El Viejo, quien inicialmente, aseguraba, al parecer, que no estaba al mando de ninguna organización, porque estaba desde prisión, pero hace unos días envió una carta al presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, donde le aseguraba que junto a su organización tenían la intención de someterse a la justicia.
Lo anterior incluía poder colaborar con las autoridades con la verdad en varios hechos de violencia que no han sido esclarecidos por el Estado.
Estas dos sangrientas organizaciones ilegales se sentaron con el gobierno de Gustavo Petro en medio de un proceso de paz que fue polémico por los beneficios que les estaban entregando y que en varias oportunidades reveló SEMANA. Estos se frenaron y estas conversaciones entraron en una crisis que nunca pudieron superar.
Lo que ha llamado poderosamente la atención es que estos dos peligrosos cabecillas han mostrado su voluntad de someterse a la justicia tras los reiterados anuncios del presidente De La Espriella, donde anunció ofensivas contra quienes siguen impartiendo el terror en las comunidades.
Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte y experto en temas de seguridad y conflicto, dijo en conversación con este medio que han sido claves los anuncios del Gobierno nacional en materia de seguridad.
“Debe tenerse en cuenta que los líderes de las organizaciones criminales que operan en el Atlántico, Digno Palomino y Castor, desde que se conoció el resultado de la segunda vuelta, habían enviado cartas al entonces presidente electo, Abelardo De La Espriella, manifestándole su voluntad de someterse a la justicia”, señaló.
La nueva comunicación, atribuida a Digno Palomino, va mucho más lejos. El documento, fechado el primero de septiembre de 2026 en Ibagué y dirigido directamente al presidente, aparece suscrito por Palomino y Aldair Enrique Montenegro Mejía, quienes se presentan como facilitadores e interlocutores de Los Pepes.
En la carta aseguran que actúan de manera “libre, consciente y voluntaria” y ratifican públicamente su voluntad de someterse a la justicia colombiana bajo la Constitución y la ley.
Trejos indicó que es clave y necesario que desde el Gobierno puedan analizar cada una de las solicitudes realizadas por estos criminales, porque ambos se encuentran privados de la libertad por varios delitos cometidos. Asimismo, a su juicio, no sería tan efectivo que cooperaran con la justicia, porque no es confirmado que aún tengan mando dentro de las organizaciones al margen de la ley.
“Estas ofertas de estos delincuentes igual son complejas en la medida en que, en el caso de Castor, ya está condenado por varios delitos y Digno Palomino está preso o está privado de la libertad. Es decir, es muy difícil someterse a la justicia cuando ya se está privado de la libertad. Y, por otro lado, también habría que verificar si ellos aún tienen un mando real y efectivo sobre sus organizaciones criminales”, explicó.
De igual manera, el experto sostuvo: “Más recientemente, nuevamente Digno Palomino hace pública una carta en la que reitera esa solicitud, con la particularidad de que esta carta se publica días después de que el presidente Abelardo De La Espriella anunció su estrategia de contener a los delincuentes de más alto perfil y que se ha verificado que siguen delinquiendo desde las cárceles, llevarlos a alta mar y recluirlos en buques de la Armada”.
Siguen delinquiendo
SEMANA consultó con fuentes judiciales en el Atlántico, quienes explicaron que estas dos organizaciones siguen delinquiendo, pero lo que no han podido establecer es si los cabecillas que se encuentran en libertad reciben órdenes de alias Castor y Digno Palomino.
“Los operativos se siguen montando porque siguen yendo a los establecimientos comerciales a exigir las cuotas extorsivas, entonces, uno no entiende cómo dicen que tienen voluntad de paz, cuando los casos se siguen registrando a nombre de estas dos organizaciones criminales”, explicó un integrante de una de las instituciones del Estado que los investiga desde hace varios años.
El investigador le dijo a este medio que lo que han detectado mediante fuentes humanas y otras labores propias de inteligencia es que la banda llamada la Nueva Generación del Freseo se desprendió como una disidencia de Los Costeños, lo que ha demostrado que alias Castor no tendría el poder que dice tener dentro de la organización.
“Los integrantes de la banda de Los Costeños que no estuvieron de acuerdo con el proceso de paz urbana se fueron y crearon su propia banda. Lo que no se sabía era que Castor apoyó, según unos audios que ustedes (SEMANA) revelaron, los temas de política. Se dice que hay más personajes políticos involucrados, pero no es competencia de nosotros hacer esas indagaciones, aunque es de suma gravedad”, señaló.
El profesor Trejos insistió en que las estrategias de seguridad deben ser sostenidas para que no sea como el fracasado proceso de paz que terminó creando una tercera organización criminal más sanguinaria.
“Debe tenerse en cuenta que no hay una fórmula mágica o una receta que resuelva el problema de la noche a la mañana, pero creo yo que hay que seguir apoyando el esfuerzo distrital en torno al fortalecimiento de las capacidades operativas y técnicas de la Policía Nacional. Ojalá desde el nivel nacional también se fortalezcan las condiciones que tienen hoy los operadores de justicia para administrar justicia y se siga recuperando el control de las cárceles de forma contundente, como hasta este momento se está viendo”, explicó Trejos.
Para el experto, una parte importante de la ofensiva deberá concentrarse precisamente en cortar los mecanismos utilizados por las organizaciones para mantener sus actividades ilícitas, incluso cuando sus principales cabecillas se encuentran privados de la libertad.
“Se espera que en el Congreso de la República se regule la compra y venta de tarjetas SIM, y también se regulen las billeteras electrónicas, es decir, que se levanten las reservas bancarias que hay sobre muchas de estas cuentas electrónicas, ya que, a través de ellas, no solo se recibe el dinero de la extorsión, sino que también se está dinamizando ese delito”, sostuvo.
Trejos calificó ese episodio como preocupante por la dimensión que tendrían las afirmaciones conocidas.
“Lo que publicó SEMANA en días pasados con respecto a declaraciones de Castor en el marco de una entrevista realizada con funcionarios de la administración Petro durante la fase exploratoria del espacio de conversación sociojurídico que no se abrió en Barranquilla es preocupante, no solo porque ratifican varias denuncias que se hicieron desde Barranquilla por parte de la institucionalidad y de la sociedad civil, sino que queda expuesto que Los Costeños controlan territorios que van mucho más allá de Barranquilla, inciden en dinámicas electorales locales y regionales, tienen una profunda infiltración o tuvieron una profunda infiltración en los organismos de seguridad encargados de combatirlos”, sostuvo.
Esta revista buscó a los equipos jurídicos de ambos criminales, pero solo se pronunció el de alias Castor, quien explicó que la última carta enviada al Gobierno se trataba de una solicitud para ingresar a la ley de Justicia y Paz.
“El marco jurídico de esa ley lo permitía porque la organización estaba dentro de esa definición y lo que se buscaba era que fuera juzgado por ese camino y, a cambio, el señor Jorge Díaz ayudaba a la desmovilización de toda la organización de Los Costeños, pero nunca se obtuvo respuesta. Actualmente, Díaz Collazos está condenado y pagando por los crímenes que aceptó ante la justicia”, dijo.
De acuerdo con alias Castor, este ha frenado su actuar criminal, pero las autoridades tienen indicios de que seguiría detrás de varios hechos de violencia.
Lo cierto es que el Gobierno de Abelardo De La Espriella debe decidir muy cuidadosamente cuál es la posición que tomará con estas organizaciones que siguen delinquiendo en el Atlántico, donde queda su sede alterna.