Familia de Emilio Tapia gana tutela y logra su traslado al Batallón de Malambo, Atlántico

La Fiscalía acusó al contratista, Emilio Tapia, de ser una ficha clave en ese entramado de apropiación de recursos públicos, destinados a dotar de tecnología y redes de internet a miles de niños en zonas apartadas del país.

Su familia instauró una tutela, para que Tapia estuviera más cerca de ellos, apelando “a sus derechos a la unidad familiar, interés superior del menor, la igualdad y dignidad humana”, teniendo en cuenta que se encontraba en el pabellón de Reclusión Especial de la Penitenciaría de El Bosque, en Barranquilla. Por lo que solicitaron un traslado al municipio de Malambo.

Por esta razón, el juez Primero Promiscuo municipal de Malambo con funciones de control de garantías, Franklin de Jesús Bedoya Mora, ordenó el traslado de Emilio José Tapia Aldana al Batallón Vergara y Velasco del Ejército Nacional, el cual se encuentra ubicado en Malambo, Atlántico.

Las acusaciones de la Fiscalía

El ente acusador consideró que tiene todos los elementos de juicio para lograr una condena en contra de Tapia y por los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado. La acusación abre paso a una nueva etapa en este caso, el juicio a Emilio Tapia.

“De esta manera, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción agrupó tres procesos que se seguían en contra de Tapia Aldana, en los que quedaron en evidencia maniobras ilícitas similares para quedarse con la contratación pública y apropiarse de recursos destinados a cubrir las necesidades ciudadanas”, explicó la Fiscalía.

En la acusación la Fiscalía estableció que Tapia contactó, al parecer, a dos personas para que prestaran los nombres, experiencia y capacidad financiera de sus empresas y así conformar la cuestionada unión temporal - Centros Poblados. “A cambio, les pagaría 4.000 millones de pesos. De esta manera, ‘Centros Poblados’ se constituyó, licitó y, con la información falsa sobre su conformación, indujo a error a los funcionarios de MinTic que le otorgaron el contrato”.

Lo que advierten los fiscales de la dirección anticorrupción es que Emilio Tapia utilizó a estas empresas, la experiencia que tienen y los documentos que podrían aportar, para quedarse con el multimillonario contrato, sin que esas empresas tuvieran alguna incidencia en el proyecto de conectividad para 7.000 escuelas.

“Posteriormente, el hoy acusado, al parecer, conoció de la obtención de pólizas falsas para respaldar ante MinTic la seriedad de la oferta, la firma del contrato y recibir un desembolso de 70.000 millones de pesos, por concepto de anticipo”, señaló la Fiscalía tras confirmar que Tapia fue acusado por este millonario escándalo.

Del anticipo entregado por el MinTic, Emilio Tapia se habría quedado con más de 6.000 millones de pesos, que repartió entre los representantes legales de las empresas que prestaron su nombre para el entramado de corrupción y la compra de excentricidades como vehículos de alta gama, obras de arte, apartamentos y hasta los honorarios de unos abogados.

La millonaria multa

Emilio Tapia Aldana, conocido en Colombia como el ‘zar de la contratación’, tendrá que pagar la multa de 232.000.000 de pesos que le había impuesto la Superintendencia de Sociedades, por no haber revelado el registro mercantil que establecía su condición de controlante de la firma ICM Ingenieros, que se encuentra en liquidación judicial.

SuperSociedades intervino en el sonado caso, amparada en la ley que establece las reglas del régimen de sociedades, pero la participación de la entidad de control es parte de toda una historia relacionada con el escándalo de Centros Poblados, en el que se perdieron 70 mil millones de pesos que fueron entregados como anticipo, dentro del contrato suscrito para llevar internet a regiones apartadas del país.

La entidad de vigilancia resolvió los recursos de reposición y apelación interpuestos por Tapia, contra la decisión mencionada, y ahora, se confirma la sanción.