Esto no era un rumor aislado ni una exageración local. Era una realidad que estaba a punto de estallar. El cierre del Parque Nacional Natural Tayrona, ordenado mediante resolución de Parques Nacionales Naturales de Colombia, no solo suspendió el ingreso de turistas a uno de los destinos más emblemáticos del país. La decisión dejó al descubierto lo que durante años se susurró en el Magdalena: en el corazón del paraíso caribeño hay estructuras armadas ilegales que ejercen control mientras el Estado brilla por su ausencia.
En el epicentro del turismo más emblemático del departamento hay presencia de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y también del Clan del Golfo, según lo advirtió la Defensoría del Pueblo en una de sus alertas tempranas. En ese tablero de poder también juegan el Gobierno nacional y las comunidades indígenas, en medio de una tensión que hoy quedó expuesta.
SEMANA conversó con una docente residente en el municipio de Soledad, Atlántico, quien visitó el parque y relató una realidad que, según ella, dista de la imagen idílica que promocionan las redes sociales y los operadores turísticos.
“Todos hablaban de que no pasaba nada y que era superseguro, pero, cuando uno está dentro del parque, la realidad es otra. Hay una organización impresionante. Lo que uno no sabía es que no se trata del Estado, sino de los paracos, como dicen allá. Tienen sus reglas y hay que cumplirlas; de lo contrario, tiene sus consecuencias”, afirmó la mujer en diálogo con esta revista.
Según su testimonio, es “muy común” ver en algunos sectores a personas armadas que utilizan radios de comunicación sin que, aparentemente, exista intervención oficial.
“Allá hay hombres armados que andan en motocicleta y con radios de comunicación como si ellos fueran las autoridades. No se ve presencia del Ejército ni de la Policía en esa zona. Claramente, uno obedece todo lo que le dicen allá, pero es difícil creer que estos grupos influyan en el turismo del Magdalena”, agregó.
Lo que ocurre en este punto del departamento no es reciente. El experto en conflicto armado Lerber Dimas aseguró a este medio que desde hace décadas existe una “gobernanza criminal armada” en la zona. Según explicó, los también llamados Pachencas ejercen control sobre el transporte, el ingreso de visitantes, la regulación de precios y el cobro por supuestos servicios de seguridad.
Para algunos investigadores, el motor económico del Tayrona corresponde a la llamada “tercera bonanza”, después de la marimbera y la cocalera: la turística. Cientos de familias dependen del flujo constante de visitantes que recorren la Troncal del Caribe y los senderos del parque.
En distintos sectores del Magdalena, el control de estructuras ilegales sería total, en medio de una débil o inexistente presencia de la fuerza pública, según analistas consultados. Sin embargo, el gobernador kogui Atanasio Moscote Gil negó categóricamente la existencia de grupos armados ilegales en el territorio.
“Como autoridad indígena, no tenemos conocimiento de amenazas inusuales ni de situaciones extraordinarias de orden público en el territorio. Afirmamos que no hay presencia de grupos armados ilegales y consideramos que esas versiones constituyen una difamación contra las comunidades”, reiteró en conversación con esta revista.
Aunque el parque fue cerrado por decisión de las autoridades ambientales, comunidades indígenas continúan cobrando un aporte, descrito como voluntario, de 50.000 pesos por persona, además de un seguro cuyo valor el propio gobernador no precisó.
“Es momento de hablar de coadministración, de Gobierno a Gobierno, sobre la gestión del parque. Hemos solicitado una mesa formal y no ha habido voluntad”, añadió.
La crisis desatada tras el cierre del Tayrona dejó al descubierto una disputa silenciosa por el control territorial y económico en uno de los destinos turísticos más importantes del país. Mientras las versiones oficiales se contradicen, la pregunta sobre quién ejerce realmente la autoridad en esta zona del Magdalena sigue sin una respuesta clara.