El coronel Benjamín Núñez tiene plazo hasta el próximo viernes, 25 de noviembre, para decidir si acepta o no el preacuerdo con la Fiscalía que le otorgaría una sentencia de 29 años de prisión por su presunta participación en el homicidio de tres jóvenes perpetrado en el corregimiento de Chochó, Sucre.
Han pasado cerca de cuatro meses desde que ocurrió aquel episodio. A principios de septiembre, el coronel Núñez se entregó a las autoridades competentes. El ente acusador lo presentó ante un juez de control de garantías, le imputó cargos y fue enviado a la cárcel de Picaleña, en Ibagué, como medida preventiva mientras avanza el proceso judicial. En ese momento advirtió que buscaría un acuerdo con la justicia.
Y así fue. El lunes, 21 de noviembre, se conoció el primer borrador de ese acuerdo que, de ser aceptado, le concedería a Núñez una pena de 256 meses de cárcel. Sin embargo, Aníbal Garay, abogado de dos de las familias que resultaron víctimas, se mostró en desacuerdo. Considera que, teniendo en cuenta la magnitud de los hechos, Benjamín Núñez tendría que recibir más años de prisión.
“Merece la pena máxima, 60 años, y si llegara a un preacuerdo nosotros pedíamos 40 años”, dijo el apoderado.
No obstante, la manera en como está construida la legislación penal colombiana, esgrime que este tipo de decisiones no pueden ser reversible.
“Lastimosamente la justicia penal, en cuanto al preacuerdo, no le da mucha participación a las víctimas. Nosotros somos intervinientes que alzamos nuestra voz de protesta para defender los derechos fundamentales, pero no es una camisa de fuerza para que el fiscal diga ‘le hacemos caso a las víctimas´. Pero sí Hacemos apreciaciones y procesos jurídicos”, explicó Garay.
En pocas palabras, el abogado dio a entender que de aprobarse el preacuerdo no hay marcha atrás. Las víctimas deberían aceptar la imposición aunque tienen derecho de radicar denuncias y otro tipo de alegatos.
Núñez tendría que firmar lo acordado. Luego, un juez de conocimiento se encarga de verificar la legitimidad del acuerdo y finalmente emite la sentencia.
La masacre
El 25 de julio de este año, tres jóvenes identificados como Carlos Alberto Ibáñez, Jesús David Díaz Monterroza y José Carlos Arévalo fueron asesinados y señalados de participar en el homicidio de un patrullero, que se registró en el municipio de Sampués, Sucre.
En un primero momento la Policía afirmó que los jóvenes eran integrantes del Clan del Golfo. Las declaraciones, que fueron replicadas por el entonces comandante de la Policía departamental, el coronel Carlos Andrés Correa, fueron rechazadas por los familiares de las víctimas y por la comunidad. La población mostró su indignación y se organizaron manifestaciones para exigir justicia.
El 2 de agosto se empezaron a conocer los primeros resultados. Ese día se anunció que fueron suspendidos ocho uniformados: el teniente coronel Benjamín Núñez Jaramillo, la subteniente Camila Biriticá Valencia y los patrulleros Bernardo Pontón, Diana Puerta, Leila Ávila, Jesús Bolaños, Huber Mieles y Álvaro Álvarez.
Las investigaciones escalaron de nivel y fueron asumidas por las entidades en Bogotá. Dos días después, el jueves 4 de agosto, la Dirección General de la Policía Nacional ordenó el relevo inmediato del coronel Carlos Andrés Correa Rodríguez, hasta ese momento comandante de la seccional Sucre.
Conforme avanzaban las investigaciones, los subalternos del coronel Núñez aseguraron que él disparó, de manera indiscriminada y a sangre fría, en contra de los muchachos. . Con las declaraciones de estos uniformados, que luego se convirtieron en testigos de la investigación, la Fiscalía obtuvo una orden de captura en contra del coronel.
Núñez fue imputado por los delitos de homicidio agravado, falsedad en documento público, privación ilegal de la libertad y manipulación, alteración o destrucción de elemento material probatorio.