“No hay fecha de adjudicación todavía”: ANI, sobre APP del Canal del Dique

Exactamente faltan 36 días para que finalice el año y todavía existe incertidumbre sobre la viabilidad del proyecto que permitiría la restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique.

El proceso adjudicatorio estuvo frenado por un conflicto jurídico luego de haberse radicado una tutela instaurada por el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Los Olivos de Hato Viejo, Bolívar, en contra del Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Infraestructura. Sin embargo, hace más de un semana un juez dio luz verde para continuar con el proceso licitatorio al aceptar el desistimiento de dicha tutela.

En ese sentido, se esperaba que en los próximos días las entidades competentes dieran claridad sobre el devenir del proyecto. No obstante, SEMANA consultó con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) quienes aseguraron que “no hay fecha de adjudicación todavía”.

“En el tiempo de suspensión se presentaron unas observaciones de terceros e interesados y la entidad los está resolviendo”, explicaron desde la ANI.

El proyecto de la APP canal del Dique tiene una longitud total de 115,5 kilómetros y abarca la hidrovía entre Calamar (Bolívar) y la bahía de Cartagena.

La ejecución de las obras incluye, entre otras intervenciones, un sistema de esclusas y compuertas para evitar la entrada no controlada de grandes cantidades de sedimentos y caudal. Dos esclusas estarán en Calamar y Puerto Badel; también tendrá compuertas en Calamar.

La ejecución de estas obras, como su respectivo mantenimiento, se hará a través de una concesión que tendrá un plazo de 15 años y estima la generación de 61.766 empleos entre directos e indirectos en la zona. El único oferente en el proceso, hasta el momento, es la multinacional española Sacyr.

La población beneficiada será de 1,5 millones de habitantes de 19 municipios del Atlántico, Bolívar y Sucre.

¿Por qué hubo un conflicto jurídico?

Resulta que el Consejo Comunitario del corregimiento de Hato Viejo, Bolívar, instauró una acción de tutela en la que exigían su derecho a la consulta previa para la realización del megaproyecto.

Tras esta decisión, la ANI y Cormagdalena solicitaron remitir el expediente al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Sincelejo, teniendo en cuenta que en ese despacho se habían tramitado múltiples tutelas bajo el concepto de “tutelas masivas”, que debe conocer un mismo juez constitucional.

El Juzgado de Sincelejo, sin embargo, consideró que no existía identidad de esta nueva tutela con las anteriores que había conocido, por lo que propuso conflicto negativo de competencia.

Ante la controversia jurídica, el caso fue remitido a la Corte Constitucional para que se tomara una decisión sobre cuál juzgado debe decidir sobre la tutela presentada por la comunidad de Hato Viejo. Mientras eso se resolvía, el proceso de adjudicación quedó suspendido.

Finalmente, un juzgado ordenó levantar la medida y dio a conocer el desistimiento de la tutela considerando que dichas pretensiones se encuentran satisfechas en un acuerdo suscrito el 4 de octubre de este año.

En el Acuerdo de voluntades se establecieron diferentes compromisos entre los que se encuentra:

• Acompañamiento institucional para las mesas técnicas.
• Análisis del proyecto.
• Atención a las solicitudes por parte de las comunidades, para evaluar las afectaciones que genere el desarrollo y la finalización del proyecto.

De parte del Gobierno nacional, Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, explicó que se encuentran comprometidos para participar en las mesas técnicas y cumplir con los puntos establecidos en el acuerdo. “Se adelantarán con las comunidades las posibles consultas previas respetando sus costumbres. Se les escuchará para mirar si se verán afectadas o beneficiadas a través de un diálogo que les garantice la permanencia en sus territorios”.