Este lunes, 12 de enero, se conoció la suspensión temporal del traslado de varios peligrosos criminales en Barranquilla por parte del Gobierno nacional, tras una revelación en exclusiva que realizó SEMANA, sin embargo, la controversia continúa por lo que puede ocurrir tras estos hechos que causaron molestias en el sector político, ciudadano y de los gremios en el Atlántico.
Estos diálogos son liderados por integrantes del gobierno del presidente Gustavo Petro, pero no hay, al parecer, esas coordinaciones entre lo nacional con lo local.
El profesor de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos, experto en temas de seguridad y conflicto, precisó en diálogo con esta revista que es necesario una cooperación entre todas las autoridades.
“El Gobierno Nacional suspende temporalmente los traslados que tenía previstos para esta semana a la ciudad de Barranquilla, reconociendo los reclamos que le hacen la Alcaldía y la Gobernación en torno a la ausencia de instancias de planeación y de cooperación interinstitucional que hubieran servido para analizar los eventuales impactos que esos traslados tendrían sobre el ecosistema criminal de la ciudad, pero también sobre los procesos electorales que están a puertas de realizarse”, explicó.
Asimismo, sostuvo que el componente técnico de estas conversaciones con las bandas criminales nunca fue socializado, lo que también hizo que se encendiera la polémica.
“Y lo otro era hacer un análisis y un diagnóstico sobre las reales capacidades carcelarias con las que cuenta la ciudad y saber si era necesario entonces reforzarlas de cara a contener eventuales actividades ilícitas que se dinamizaran desde esos centros de reclusión por la llegada de estas personas”, agregó.
Para el académico, lo que hizo toda esta controversia fue abrir la puerta a un nuevo escenario para llegar a consensos y realizar el eventual traslado de los peligrosos cabecillas.
“Entonces, seguramente el Gobierno Nacional va a convocar espacios de diálogo con Alcaldía, Gobernación, otras instituciones públicas y esperemos que también incluyan a las víctimas que son o debieran ser el centro de cualquier mesa de diálogo o negociación”, sostuvo.
Por otra parte, el politólogo, Alejandro Blanco, dijo que este reversazo del Gobierno nacional se da luego de la presión pública sobre estos movimientos carcelarios en los que no hubo un previo aviso.
“Como resultado de un diseño lleno de improvisación, el gobierno nacional frenó el traslado de cárceles de Barranquilla. Es más una reacción al ruido mediático y al ruido político”, señaló.
De igual forma, el también profesor universitario indicó que “la crítica del alcalde Char no es un detalle menor, pues muestra que el Gobierno nacional subestimó el costo de excluir a la administración local en una ciudad donde la seguridad es un tema altamente sensible y electoralmente cargado”.
El experto insiste que el gobierno de Gustavo Petro quedó en una posición ambigua frente a distintos actores: “Al echar para atrás el traslado, el Gobierno queda atrapado en una ambigüedad incómoda. Hacia las bandas, el mensaje puede interpretarse como que la presión del alcalde Char rindió frutos; hacia la opinión pública, como que no hay una hoja de ruta clara”.
Finalmente, Blanco señaló que el escenario es complejo y se debe esperar que el siguiente paso de los negociadores con las bandas criminales sea medido y no improvisado.
“En este punto, la discusión de fondo no es si el traslado volverá a ponerse sobre la mesa, eso es una apuesta clara del gobierno; la discusión es bajo qué condiciones y con qué nivel de respaldo político y territorial podría intentarse nuevamente. Sin ese soporte, cualquier nuevo intento corre el riesgo de repetir el mismo error”, afirmó Blanco.
