Defensoría advierte sobre hacinamiento en estación de Policía de Kennedy: hay 130 presos en una carpa improvisada

Durante una visita de la Defensoría del Pueblo a la estación de Policía de Kennedy, en el occidente de Bogotá, funcionarios evidenciaron “las difíciles condiciones de detención” en las que permanecen 130 personas privadas de la libertad, que permanecen hacinadas en una carpa improvisada con problemas de salubridad, siendo esposadas de a dos para evitar fugas.

La visita, realizada por la Regional Bogotá en compañía de la Secretaría de Salud Distrital, reveló que en total hay 331 detenidos, 201 de ellos en tres celdas. Además, en el recorrido que realizó la Defensoría también “se encontró que no existen los elementos sanitarios suficientes para el número de privados de la libertad y no se les ha realizado mantenimiento a estas áreas”.

El acta de la visita se resaltó el alto riesgo de brotes de enfermedades respiratorias entre los detenidos. Los funcionarios, de igual forma, encontraron que en las celdas, los presos “almacenan su comida en bolsas y por el hacinamiento y el ambiente del lugar este hecho constituye un riesgo de intoxicación”.

Ante la situación, la Defensoría del Pueblo pidió a las autoridades distritales que presten atención a lo que está ocurriendo y que los exhortó a que tomen medidas como el traslado de algunos retenidos a otros centros de detención de la capital del país.

Hacinamiento en Huila es del 114 %

La Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria de la Defensoría del Pueblo, en colaboración con la Regional Huila, llevó a cabo una visita al Centro de Detención Transitoria Bodega Alpina en Neiva, para verificar los derechos humanos de la población privada de la libertad (PPL).

Durante la visita, los funcionarios contrataron que el centro de detención, diseñado para albergar a 85 personas, actualmente tiene a 182 privados de la libertad, lo que representa un hacinamiento del 114 %.

Además, el equipo de la Defensoría del Pueblo recibió quejas sobre la deficiente o inexistente prestación de servicios de salud a las personas privadas de la libertad, y brindó asesoría jurídica. Por último, los funcionarios identificaron deficiencias en la infraestructura y en la prestación de servicios públicos en el centro de detención.

Hacinamiento alcanza el 151 % a nivel nacional

La muerte de una persona privada de la libertad y otras siete heridas como consecuencia de una conflagración en una de las celdas de la Unidad de Personas Privadas de la Libertad (UPPL) en la ciudad de Manizales, prendió las alarmas de la Defensoría del Pueblo en marzo pasado.

Luego de lo sucedido en la UPPL, un equipo de la regional Caldas de la Defensoría se desplazó al lugar para adelantar un proceso de verificación de las condiciones de quienes resultaron heridos, así como también de las demás personas privadas de la libertad que continuaban en las instalaciones de la UPPL.

“Las condiciones de hacinamiento en los Centros de Detención Transitoria (CDT), que alcanzan el 151 % de sobrepoblación a nivel nacional, están poniendo en riesgo la vida e integridad de personas privadas de la libertad. En muchos casos las condiciones son inhumanas, con claras vulneraciones a los derechos a la salud y a la justicia”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

De manera articulada entre el organismo, la Personería Municipal y la Procuraduría Provincial, se realizaron solicitudes a las Secretarías de Gobierno y de Salud de Manizales para que “se brinden y se garanticen los derechos de las personas privadas de la libertad, no solo de este sitio, sino también de los demás CDT de la ciudad”.

De igual manera, la Defensoría del Pueblo anunció que estará atenta al resultado de las investigaciones para que se determinen las causas de la conflagración y se puedan establecer las responsabilidades, “pero principalmente para que se tomen los correctivos para evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a presentar”.

A través de la Defensoría Delegada para la Política Penitenciaria y Carcelaria, se anunció que se “continuarán efectuando visitas periódicas, como organismo de control en materia de derechos humanos, a los diferentes CDT en todo el país, con el fin de seguir poniendo en evidencia esta grave situación”.