Las autoridades desarticularon una presunta organización transnacional dedicada al contrabando, integrada por seis ciudadanos chinos y dos colombianos, que, de acuerdo con la investigación, habría ingresado al país mercancía de manera irregular por un valor superior a los $9.100 millones. El caso avanza ahora a la etapa judicial, en la que la Fiscalía General de la Nación buscará demostrar la responsabilidad penal de los procesados.
Durante las audiencias preliminares, una Fiscalía especializada imputó a los ocho capturados los delitos de facilitación del contrabando, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos. Ninguno de los investigados aceptó los cargos, por lo que el proceso continuará conforme a las etapas previstas en el sistema penal colombiano.
Según las pesquisas, la organización operaba entre China y Bogotá. La Fiscalía sostiene que, además del ingreso irregular de mercancías, la estructura habría lavado más de $71.500 millones a través de siete sociedades comerciales que importaban productos por el puerto de Buenaventura para distribuirlos posteriormente en Bogotá.
Por el alcance transnacional del caso, la investigación fue asumida por un grupo interinstitucional liderado por la Fiscalía Especializada para el Contrabando, con el apoyo de la Dian y la Dijín de la Policía Nacional, en el marco de la denominada ‘Operación San Marcos’.
Con la imputación de cargos concluyó la primera fase del proceso judicial. En adelante, la Fiscalía deberá presentar y sustentar las pruebas para demostrar tanto la existencia de la presunta organización criminal como la responsabilidad individual de cada uno de los procesados.
Al no aceptar los cargos, los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa durante las siguientes etapas procesales. El juicio incluirá la presentación y práctica de pruebas por parte de la Fiscalía y la defensa, la resolución de solicitudes e incidentes procesales, la valoración judicial de las evidencias y, finalmente, la definición sobre la responsabilidad penal de los procesados y la eventual emisión de una sentencia.