La Contraloría de Bogotá imputó este jueves 1 de octubre responsabilidad fiscal, a título de culpa grave, a dos funcionarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).
La decisión se dio dentro de un proceso por un posible detrimento de $60.178 millones relacionado con obligaciones tributarias de la empresa.
El origen está en las declaraciones de renta
Según la Contraloría, el proceso está relacionado con descuentos tributarios ambientales incluidos en las declaraciones de renta correspondientes a los años gravables 2018 y 2019.
El organismo de control estableció que esos descuentos no contaban con los soportes o certificaciones requeridos.
La situación derivó en sanciones e intereses moratorios cobrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
Diego Samudio, subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá, explicó el origen del caso:
“Este organismo de control estableció un posible detrimento de $60.178 millones por el uso de descuentos tributarios ambientales que no contaban con los soportes requeridos, situación que generó sanciones e intereses por parte de la Dian”.
De acuerdo con las cifras entregadas por el organismo de control, para 2018 la DIAN impuso una sanción de $2.483 millones y cobró $37.894 millones en intereses moratorios.
Para 2019, la sanción fue de $1.486 millones, mientras que los intereses alcanzaron $18.314 millones.
En total, las sanciones y los intereses sumaron $60.178.398.000, monto sobre el cual se adelanta el proceso de responsabilidad fiscal.
El Acueducto dice que detectó el caso y actuó
La EAAB ha señalado que, una vez identificada la situación tributaria, adelantó las actuaciones correspondientes y corrigió las declaraciones involucradas.
En documentos oficiales de la empresa también quedó registrado que se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en mayo de 2023, relacionada con el posible daño patrimonial por el mismo monto.
La empresa explicó que analizó las alternativas disponibles para enfrentar la situación tributaria y decidió corregir las declaraciones. En una comunicación institucional señaló:
“La EAAB analizó los escenarios que permitieron determinar el menos gravoso para la empresa y procedió a corregir dichas declaraciones”.
La documentación de la entidad también registra actuaciones internas relacionadas con los funcionarios involucrados y gestiones frente a las pólizas destinadas a establecer una eventual cobertura del daño.
La decisión de la Contraloría no constituye todavía un fallo definitivo de responsabilidad fiscal.
La entidad imputó responsabilidad fiscal a dos funcionarios y señaló que la conducta investigada fue calificada a título de culpa grave.
Ahora los involucrados podrán ejercer su derecho de defensa, presentar argumentos y aportar las pruebas que consideren pertinentes.
La Contraloría continuará con las etapas correspondientes antes de determinar si existe responsabilidad fiscal y si procede una decisión definitiva.