Tras conocerse la denuncia sobre un presunto caso de abuso contra una menor de edad al interior del Jardín Stanford, ubicado en el norte de Bogotá, la institución educativa emitió un pronunciamiento oficial.
Los hechos, que involucrarían a un docente del plantel, son investigados por las autoridades competentes luego de la alerta generada por los familiares de la estudiante.

Ante la atención mediática que ha suscitado la situación en la capital del país, las directivas del centro educativo publicaron un documento en el que detallan el paso a paso de su actuación frente a la denuncia. Según el reporte institucional, la administración fue “notificada de los presuntos hechos durante la mañana del miércoles 4 de marzo de 2026”.

A partir de ese momento, la institución aseguró haber activado las rutas de atención correspondientes. “Nuestra prioridad ha sido garantizar el cuidado y la protección de los menores de edad, así como brindar un acompañamiento respetuoso a la familia involucrada”, señala el comunicado, que agrega que el principio que guía sus decisiones es la premisa de que los hijos son el eje central de cada hogar.
En el documento, el plantel argumentó que sus acciones están “enmarcadas en el estricto cumplimiento del Código de Infancia y Adolescencia, estipulado en la Ley 1098 de 2006. Esta normativa consagra la protección integral y el interés superior de los niños como un mandato ineludible para cualquier entidad”. En esa misma línea, el jardín afirmó regirse por la Ley 1146 de 2007, que establece las directrices nacionales para la prevención de la violencia sexual contra menores.
Para dar cumplimiento a estas disposiciones legales, la administración del jardín reportó la “entrega inmediata de toda la información requerida a las entidades encargadas de adelantar la investigación penal”.
En su pronunciamiento, el centro educativo subrayó su intención de cooperar plenamente con las autoridades judiciales para garantizar la transparencia del proceso.
El objetivo de la institución, según indicaron en su mensaje a la opinión pública, es “permitir que los hechos sean esclarecidos con la rigurosidad que exige el caso”.

Por esta razón, el Jardín Stanford confirmó que ya puso a disposición de los investigadores el material probatorio existente, lo que incluye registros institucionales, grabaciones audiovisuales y cualquier otro elemento que contribuya a las indagaciones.
Por su parte, la madre de la menor afectada informó que ya formalizó la denuncia respectiva ante los entes de control. Actualmente, la familia se encuentra a la espera de que el proceso avance con celeridad para que se emita una pronta resolución judicial que determine las responsabilidades individuales en este caso.
