El Hospital Universitario de Santander respondió a los anuncios del Gobierno nacional sobre una eventual intervención administrativa y aseguró que su situación financiera está siendo manejada con criterios técnicos y de sostenibilidad, en medio del debate por la formalización laboral de su personal.
La gerencia del hospital afirmó que existe disposición para avanzar en la vinculación formal de los trabajadores, pero advirtió que ese proceso no puede realizarse sin respaldo presupuestal. “Formalizar sin recursos es poner en riesgo la estabilidad del hospital y la prestación del servicio”, señalaron directivos de la institución al referirse a los requerimientos del Ministerio de Trabajo.
Tras el desobligante comentario contra el gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, apareció en Bucaramanga, donde amenazó con intervenir el Hospital Universitario de Santander. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/RoE54Ikdzm
— Revista Semana (@RevistaSemana) January 21, 2026
Según la administración del HUS, durante la reciente visita de los ministros de Salud y Trabajo se reiteró el compromiso de construir una ruta de formalización gradual, ajustada a la realidad financiera del centro asistencial y sujeta a decisiones de la junta directiva.
Frente a los anuncios de recursos por parte del Gobierno, el hospital aclaró que los cerca de 60.000 millones de pesos mencionados no corresponden a nuevas transferencias, sino al pago de obligaciones pendientes por servicios prestados a población migrante. “No se trata de dinero adicional que permita ampliar la planta de personal”, explicó la gerencia.
El HUS advirtió que la formalización implica costos permanentes que deben sostenerse en el tiempo, especialmente en un contexto de incremento del salario mínimo. En ese sentido, recordó el antecedente del Hospital Ramón González Valencia, liquidado en 2005, como un ejemplo de las consecuencias de asumir compromisos laborales sin respaldo financiero.
La institución también señaló que uno de los principales obstáculos es la cartera vencida de las EPS, que asciende a cerca de 300.000 millones de pesos. De acuerdo con el hospital, esta deuda limita la capacidad de asumir nuevas obligaciones y compromete la liquidez.
Sobre la sanción impuesta por el Ministerio de Trabajo, el hospital confirmó que se trata de una multa cercana a los 3.000 millones de pesos, la cual aún no ha sido ejecutada. Indicó que existe plazo hasta junio para presentar un proyecto base que permita avanzar en la formalización de un grupo significativo de trabajadores.
Finalmente, la gerencia expresó preocupación por los anuncios públicos sobre una posible intervención, al considerar que generan incertidumbre institucional. “Estamos abiertos al diálogo y al control, pero las decisiones deben basarse en información técnica y no en presiones externas”, concluyó la administración del hospital.
