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Cayeron cinco presuntos extorsionistas de comerciantes avícolas en el Valle.
Un fiscal seccional de la Delegada para la Seguridad Territorial imputó cargos a los capturados por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada, a los que no se allanaron. | Foto: Cortesía Fiscalía General de la Nación

NACIÓN

Cayeron cinco presuntos extorsionistas de comerciantes avícolas en Valle; pretendían adueñarse de la venta de huevos en la región

Esta estructura ilegal pretendía, con base en la intimidación, convertirse en los únicos distribuidores en la región de un producto básico para la canasta familiar, como es el huevo.

29 de diciembre de 2022

En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación indicó que fueron asegurados con medida privativa de la libertad cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial La Oficina o La Inmaculada, señalados de extorsionar a comerciantes avícolas en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca).

La investigación da cuenta que un delincuente coordinaba desde la cárcel el envío de mensajes de voz y de texto amenazantes a estos empresarios a través de WhatsApp, al tiempo que les exigía pagar entre 100.000 y 400.000 pesos mensuales para no atentar contra sus vidas, sus familiares y sus negocios.

Además, las autoridades lograron establecer que esta estructura pretendía monopolizar el mercado, pues con base en la intimidación buscaban convertirse en los únicos comercializadores avícolas de la región.

“Los capturados son: Jennifer Lorena Alvis Londoño, alias La Mona; Stiven Alexis Ocampo Ortiz, José Ramiro Giraldo Tobón, alias Ramiro; Ana Carolina Alvis Londoño, alias Ana; y Andrés Felipe Arango, quienes fueron capturados en Tuluá por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Seccional Valle del Cauca y los grupos Gaula Militar y de Policía”, informó la Fiscalía.

A su vez, Jhon Sebastián Velásquez Rivera, alias El Enano, fue notificado en el centro carcelario donde se encuentra privado de la libertad por otros ilícitos.

El contundente material probatorio presentado por la Fiscalía hizo posible que un juez de control de garantías impusiera a los capturados medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

¿En qué consistió la guerra del huevo?

La situación de Tuluá, centro del Valle del Cauca, fue realmente alarmante. Los precios de algunos alimentos estuvieron por las nubes el pasado mes de abril y no fue por falta de producción, sino porque la ciudad estaba secuestrada por varias modalidades de extorsión, que golpearon, principalmente, a expendedores a gran y pequeña escala de ciertos productos.

Por ejemplo, un panal de huevos rondó los 20.000 pesos, mientras que en otras regiones el mismo producto se ajustó a 14.000. La explicación es que había una estructura criminal (La Oficina) que obligaba a pequeños y grandes comerciantes a distribuir, previo pago de extorsión, el producto en ciertos lugares.

El denominado Cartel del Huevo operaba así: la banda criminal La Oficina de Tuluá coaccionaba a los expendedores para pagar por distribuir el huevo en plazas de mercado, y también presionaba a las grandes empresas para que depositaran un impuesto sobre la producción. Quien no accediera a estas peticiones era asesinado.

“El denominado cartel del huevo es una organización criminal liderada por alias Pipe y Caregallo, ambos recluidos actualmente en la cárcel de Picaleña, en Ibagué. Antes se llamaban banda la Inmaculada y ahora se hacen llamar la Oficina de Tuluá”, explicó en su momento el coronel Nelson Dabey Parrado Mora, comandante de la Policía Valle.

Producto de este entramado de extorsión, al menos tres expendedores de huevos fueron asesinados, y grandes cadenas avícolas decidieron cerrar sus sedes en Tuluá. Lo paradójico es que quienes tuvieron en jaque al mercado llevan más de siete años privados de la libertad, con penas superiores a los 36 años por delitos de extorsión y homicidio.

El personero delegado de derechos humanos de Tuluá, José Martín Hincapié Álvarez, aseguró que dicha situación no fue nueva en el municipio este 2022: “Esto ha ido evolucionando a través de actividades de extorsión, de intimidación, en las que no se permite la venta de estos productos ni que ingresen a la comercialización en la zona urbana, solamente a través de determinados actores; y se les exige una suma de dinero a los ciudadanos que comercializan, o solamente se puede hacer la venta a través de determinadas personas”.