En Cali, la discusión sobre el manejo del servicio de aseo vuelve al centro del debate institucional, luego de años en los que la operación estuvo bajo control nacional. La situación de la empresa pública EMSIRVA ha sido uno de los casos más prolongados de intervención en el país, con implicaciones directas sobre la prestación del servicio y el manejo de recursos públicos.
EMSIRVA fue intervenida desde 2005 debido a problemas financieros y operativos, lo que trasladó su administración a la Nación durante más de dos décadas. Desde entonces, el servicio de aseo en Cali ha sido operado mediante terceros, mientras la empresa avanzaba en un proceso de liquidación.
En ese escenario, la administración distrital confirmó una ventana concreta para la devolución de la empresa a la ciudad, debido a que la devolución de EMSIRVA podría concretarse entre mayo y junio de 2026.
El punto clave del proceso es el 30 de junio de 2026, fecha en la que finaliza el actual periodo de liquidación, aunque ese plazo podría modificarse si la Nación no alcanza a completar los trámites necesarios.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, planteó una condición puntual sobre la devolución: “Lo importante no es que nos devuelvan la empresa, es que nos devuelvan la empresa con los clientes, que ese es el principal activo que tiene la empresa”. La preocupación radica en que actualmente “no está del todo claro” el control sobre los usuarios, debido a decisiones previas sobre contratos de operación.
La empresa cuenta con más de 870.000 usuarios, lo que define su valor operativo y financiero. Sin ese componente, la administración advierte que se correría el riesgo de recibir “una empresa emproblemada y con deudas”.
Desde el componente financiero, el panorama también fue detallado por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Según la entidad, EMSIRVA “ya cuenta con condiciones financieras estables, tras el pago del pasivo pensional”.
Además, en sus estados financieros “se encuentran cerca de 80 mil millones de pesos disponibles”, de los cuales se estima que alrededor de 65 mil millones podrían destinarse a inversión.
Se proyecta que parte de estos fondos se destine a “pagar un pasivo ambiental muy importante” relacionado con el cierre del antiguo vertedero de Navarro, con el objetivo de convertirlo “en un gran parque ecológico”.
En cuanto a la operación del servicio, no habrá cambios inmediatos. Se confirmó que, incluso después de la devolución, el servicio de aseo se seguirá prestando a través de terceros, debido a que la empresa no cuenta actualmente con infraestructura ni personal propio.
Finalmente, se espera que los contratos queden definidos por el Gobierno Nacional antes de la entrega, con vigencias de hasta dos años, según comentó Diego Hau, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).