SEMANA: Concejal, empecemos por lo más inmediato: la escalada violenta de la que ha sido víctima Cali, el suroccidente colombiano y departamentos vecinos como el Cauca. ¿De quién es la responsabilidad de que hoy Cali esté tan vulnerable ante estos actos de terrorismo?
Roberto Ortiz (R.O): Primero, hay que rechazar esta oleada terrorista que sacude a la región Pacífica y el Cauca, donde asesinaron el pasado fin de semana a 20 personas, incluidos niños y adultos mayores. Lo que está pasando en Cali y en Palmira es lamentable. Como concejal, he denunciado la llegada de droga, armas y explosivos a nuestra ciudad, que entran por las vías de Jamundí y por los corregimientos. En ese momento me dijeron que estaba desinformando, y luego sucedió lo de la base aérea y otros atentados.
El Gobierno nacional es responsable de la política de orden público a nivel nacional, pero quien tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana es el alcalde Alejandro Eder. El artículo 315 de la Constitución lo establece claramente, y normas como la Ley 136 de 1994, la Ley 1551 de 2012 y la Ley 1801 de 2016 lo ratifican. No podemos seguir tirando la pelota.
SEMANA: Usted ha venido haciendo denuncias sobre la presunta presencia de grupos armados ilegales en el sur de Cali, particularmente con secuestros selectivos en la Comuna 22 y el corregimiento de Pance. ¿Lo desmintieron en ese momento, pero usted se ratifica ahora?
R.O.: Así es. En su momento lo dije, y salieron a decir que yo estaba desinformando. Pero las personas que denunciaban me buscaron y me contaron lo que estaba ocurriendo. Al final, el entonces secretario de Seguridad, el doctor García, tuvo que aceptar los hechos porque estaban sucediendo secuestros exprés en Pance y en la Comuna 22: cogían a la gente, se la llevaban y en cuestión de horas pedían entre 20 y 30 millones de pesos. Esos secuestros exprés desaparecieron gracias a las denuncias que hicimos.
SEMANA: Hablemos de seguridad urbana: homicidios y hurtos. ¿Qué lectura tienen desde el Concejo sobre lo que está ocurriendo en Santiago de Cali?
R.O.: El año pasado terminamos, según la Alcaldía, con 1.065 homicidios, pero según Medicina Legal fueron 1.107. Este año vamos disparados; aunque en los últimos días han disminuido, creo que al paso que vamos vamos a superar nuevamente la cifra de los mil homicidios.
Reiteradamente le he dicho al alcalde Eder que no es suficiente con destinar una inversión millonaria a la Secretaría de Seguridad. Le he pedido que, de los 3,5 billones de pesos, aplace cualquier obra y destine una parte importante a herramientas tecnológicas: reforzar y actualizar el comando de Policía —que tiene 20 años de atraso—, comprar vehículos blindados para patrullar sin que ningún policía tema ser asesinado, drones de ala fija para vigilar el territorio, cámaras con inteligencia artificial y fortalecimiento de la inteligencia policial. Eso vale aproximadamente entre 300 y 400 mil millones de pesos, pero Cali necesita hoy esas herramientas tecnológicas.
SEMANA: La mayoría de estos homicidios se presentan en el oriente de la ciudad y en las zonas de ladera. Allí viene ocurriendo un fenómeno alarmante desde hace varios meses: el güireo y el chacaleo. ¿Qué conocen sobre esto?
R.O.: Tenemos los altos índices de criminalidad en las comunas 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 1. Le hemos pedido a la administración que llegue con planes de intervención social, no solamente con represión. Los polideportivos y centros culturales tienen que estar habilitados; hoy tenemos cantidades de escenarios deportivos abandonados. Le he dicho al alcalde: invierta en esos escenarios, porque es mejor tener a los jóvenes ocupados allí.
Esos enfrentamientos entre niños y adolescentes ocurren diariamente. La Alcaldía tiene que intervenir, pero no solo con represión, sino con educación, deporte y cultura. De lo contrario, van a seguir enfrentándose y van a llegar grupos al margen de la ley —algo que también he denunciado— que reclutan menores en las comunas vulnerables.
SEMANA: ¿El fenómeno del reclutamiento forzado en comunas de Cali tiene que ver también con la presunta presencia de grupos armados ilegales y extranjeros en esos sectores?
R.O.: Hemos denunciado cómo han llegado grupos desde el Huila, desde el Cauca, e incluso estructuras foráneas: está Jalisco Nueva Generación en Cali, está la Inmaculada, y tenemos todo lo que se oye sobre estructuras de disidencias de las Farc llegando a las comunas 18, 1 y 20 y a la zona oriental. Allí están reclutando menores, también a nuestras niñas. La gente a veces no denuncia por temor, pero yo les digo a los padres: una denuncia a tiempo permite recuperar a un muchacho.
Yo denuncié que en Potrero Grande se habían llevado a tres jóvenes con engaños: les decían que iban a recoger café por dos o tres millones de pesos. Al llegar allá, les cambiaban la versión, les daban equipo de campaña, un fusil y a combatir. De esos muchachos, a dos los devolvieron muertos porque se rebelaron, y uno sigue por allá secuestrado.
SEMANA: Usted pone toda la responsabilidad en la administración distrital, pero en un ejercicio de autocrítica, concejal, ¿qué responsabilidad tiene el Concejo de Cali en lo que hoy está ocurriendo en la ciudad?
R.O.: El Concejo de Cali tiene una coalición mayoritaria del alcalde, como existe en todas las democracias. Eso no lo vamos a discutir. Yo he protestado en muchos proyectos y apoyado otros. Un ejemplo: el empréstito de los 3,5 billones de pesos. Yo me rebelé porque decía que con 1,3 billones era suficiente —no porque la ciudad no lo necesitara, sino porque era una cifra exagerada—. La mayoría del Concejo aprobó, pero el tiempo me dio la razón: el alcalde salió a decir que apenas habían conseguido 1,4 billones y que iba a ver si llegaban a 2. Nosotros teníamos todos los estudios que mostraban que la capacidad de pago de esta administración no alcanzaba.
También creo que esta administración tiene una falencia grande: no sabe ejecutar.
SEMANA: En síntesis, ¿se aprobó un cheque de 3,5 billones de pesos sin una hoja de ruta clara?
R.O.: Sí. El alcalde presentó 32 ideas —ocurrencias, como yo las llamo—, pero en fase 3 solo había tres o cuatro obras concretas. Yo hubiera prestado el dinero que fuera y me hubiera enfocado en ocho o diez obras. ¿Y cuántas ha podido inaugurar hasta ahora? Ninguna. Siempre sale, promete, muestra maquetas y videos. Yo sí quiero que le presente obras a Cali, y en el momento que lo haga, yo mismo se las voy a reconocer. Por ahora no las conocemos.
SEMANA: En las últimas horas se ha conocido que el Concejo está discutiendo la adición presupuestal de un billón de pesos de recursos no ejecutados en 2025, ¿es así?
R.O.: Así es. Se llaman técnicamente recursos de balance: plata que esta administración no ejecutó en 2025, porque son malos ejecutores, y por eso tienen que incorporarla al presupuesto 2026. Con ese billón de pesos hubiéramos podido tapar huecos en Cali, reforzar la seguridad, recuperar los escenarios deportivos abandonados. Si esto sigue así, se van a rajar en ejecución presupuestal.
SEMANA: Usted le ha pedido públicamente al alcalde Alejandro Eder que no se entrometa en el proceso de elección del contralor distrital, cargo que actualmente está vacante y que tiene a varios concejales con procesos disciplinarios. ¿Qué sabe usted que nosotros no sepamos?
R.O.: Se lo ratifico al señor alcalde: no se entrometa en las elecciones que corresponden al Concejo de Cali. Déjenme contarles lo que pasó: todo venía bien, la mesa directiva contrató a la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Boyacá para el proceso. ¿Sabe cuándo fue Troya? ¿Cuándo salió la terna con los tres mejor calificados? Los aliados del alcalde en el Concejo y el señor alcalde pelearon, hubo movimientos de cargos, y eso fue Troya. Hoy estamos con una contralora interina.
La pregunta que siempre me hago es: ¿cuál es el temor de tener un contralor independiente? Si usted va a hacer las cosas bien, no va a permitir la corrupción y va a trabajar con las manos limpias, ¿qué teme?
SEMANA: ¿Cuál es el papel concreto del alcalde en esa posible intromisión? ¿Está llamando a los concejales?
R.O.: Como lo dije, hay una coalición mayoritaria que tiene mucho que ver con las decisiones del alcalde. No debería ser así, pero así funcionan las cosas. Esa coalición fue la que el año pasado no permitió que se eligiera al nuevo contralor: el doctor Lucumí citó cuatro veces y no hubo cuórum. Yo espero que esta nueva mesa directiva tome la mejor decisión; si está ajustada a derecho, la apoyo totalmente.
SEMANA: ¿Ha tenido la oportunidad de hablar directamente con el alcalde Alejandro Eder sobre todas estas inquietudes?
R.O.: Cuando comenzó su administración me llamó y nos reunimos en la plazoleta Jairo Varela. Nos tomamos un tinto y me dijo: ‘Roberto, entre usted y yo sacamos esta ciudad adelante.’ Le respondí: ‘Alcalde, cuente conmigo, pero escuche lo que le digo.’
El problema es que el alcalde es terco y sordo. Le he advertido de las irregularidades en el nombramiento público, de ese contrato que venía de Metro Cali con documentos falsos, de la compra de energía por dos billones de pesos hasta 2032, de cinco contratos por 330 mil millones para modernizar estaciones eléctricas. Pero lastimosamente no escucha, y cuando un alcalde no escucha, la ciudad lo resiente.
SEMANA: ¿A qué cree que se debe la baja popularidad del alcalde Eder? Comenzó con una popularidad elevada y hoy está en cifras históricamente bajas, cerca del 14% de aprobación.
R.O.: El alcalde está desconectado de la realidad de Cali. No sé quiénes lo tienen alrededor y le dicen que todo va superbién, pero cuando uno va a los barrios, cuando habla con la gente que votó por él —incluida la clase media alta—, todos están opuestos a las decisiones que está tomando.
El alcalde siempre dice, cuando salen las encuestas: ‘A mí las encuestas no me interesan; cuando era candidato no gané ninguna y fui elegido alcalde.’ Pero le digo: está perdiendo la encuesta más importante de su vida, que es la que hacen los electores que lo eligieron y que hoy lo califican por debajo del 20%. ¿Por qué? Porque está desconectado de la realidad de Cali.
SEMANA: Si nos vamos a las dependencias de la administración distrital, ¿cuáles cree que no están haciendo un buen trabajo y cuáles tienen algo rescatable?
R.O.: Hay hombres y mujeres en cada dependencia que respeto mucho porque hacen lo que pueden. Pero si no hay quien dirija la orquesta, cada uno hace su mejor esfuerzo sin rumbo claro.
El doctor Moncayo, de Movilidad, hace el mejor esfuerzo con una ciudad que tiene un problema de desorden ciudadano difícil de controlar. El secretario de Seguridad, el doctor Garcés, llegó con buenas ideas, pero es un coronel retirado enfrentado a una ciudad sitiada por el crimen y los carteles. Aquí llegan los capos a gastarse el dinero del narcotráfico: compran vivienda, carros, ropa, y eso genera una cantidad enorme de muertos. También rescato a la doctora Johana Caicedo, secretaria de Bienestar Social: es una mujer auténtica, del pueblo, y eso me gusta.
A todos ellos les ha faltado una mano conductora: un alcalde que les marque la ruta.
SEMANA: Para usted, Roberto Ortiz, ¿cómo califica la gestión del alcalde Alejandro Eder, de 1 a 10?
R.O.: Con 4. Lo rajo porque eso es lo que uno percibe en la calle. Un 4 quiere decir que va perdiendo el examen. Espero que en el año y medio que le queda pueda cumplir las promesas de campaña, mejorar la seguridad, mejorar la infraestructura y, sobre todo, que Empresas Municipales de Cali deje de estar en manos de gente que llega allí a hacer, presuntamente, negocios.
SEMANA: Usted propone eliminar las fotomultas en Cali. En una ciudad con altos índices de irrespeto a las normas viales, ¿no es eso una medida irresponsable?
R.O.: Es que hoy vivimos la anarquía con todas las fotomultas. A los carros les colocan cinta; las motos pasan la mano por encima: es fácil burlarlas. Aquí no faltan más multas, falta más educación y pedagogía.
Este dato es aterrador: el año pasado hubo 728.590 fotomultas del millón de comparendos en Cali, casi 400 mil millones que tiene que pagar la gente. He conocido personas que han dejado de comer para ir a pagar una fotomulta. Yo prefiero presencia real de la Policía y de los agentes de tránsito en las calles, haciendo pedagogía y control.
Además, quiero denunciar que los temporizadores de los semáforos han ido desapareciendo o están apagados. Antes uno calculaba cuándo pasar; ahora, sin temporizador, la gente se lanza, le llega la multa, frena de golpe y provoca accidentes. Para mí eso tiene un doble fondo recaudatorio.
SEMANA: Pero las fotomultas no multan a quien cumple las normas; multan a quien se pasa el semáforo en rojo, va en exceso de velocidad o no tiene sus papeles al día. Si eliminamos las fotomultas pero ponemos agentes de tránsito, las multas van a seguir porque la falta se va a seguir cometiendo.
R.O: En el Congreso de Colombia se está discutiendo un proyecto de ley sobre exactamente lo mismo que yo planteo, porque el problema no es solo de Cali: son millones de comparendos por fotomultas que lastiman el bolsillo de los colombianos. Yo sí prefiero pedagogía y educación vial.
Lo que no acepto es que se coloquen fotomultas donde no hay accidentalidad comprobada. Hay una frente a San Antonio, en la Loma de la Cruz —a un lado y al otro— y, al preguntar, no han ocurrido accidentes allí. ¿Para qué están? Para recaudar. También he pedido al soporte técnico que justifique la ubicación de las 40 fotomultas nuevas que dejó la administración anterior: las pusieron donde hay tráfico de vehículos de alta gama, no donde hay riesgo real.
SEMANA: ¿Va usted a aspirar a la Alcaldía de Cali por tercera vez?
R.O.: Eso depende de los caleños. Vengo haciendo mi papel en el Concejo como debe ser: control político, soy ponente de varios proyectos de acuerdo, también he creado proyectos que le van a servir a la ciudad. En eso me mantengo. Ya veremos qué piensan los caleños; si de verdad me dan la oportunidad, lo consideraré.
SEMANA: En una eventual candidatura, ¿no le afecta el fallo de la Corte Constitucional que cerró la puerta a que concejales renuncien para aspirar a cargos como alcaldías y gobernaciones?
R.O.: Leí el fallo de la Corte Constitucional con detenimiento. Lo que establece es que no puede haber coincidencia de periodos. Los periodos no coinciden: yo termino el 31 de diciembre de 2027, y si la gente me da la oportunidad de ser alcalde, el periodo empieza el 1 de enero de 2028. Ese fallo fue pensado más que nada para quienes, siendo concejales, diputados, alcaldes o gobernadores, quieren irse al Senado de la República en medio del periodo. A ellos sí les aplica ese concepto.