La Alcaldía de Cali anunció el inicio de tres investigaciones por presuntas irregularidades en la prestación de servicios inmobiliarios. Los procesos involucran a una reconocida empresa del sector y a dos personas particulares, cuyos casos estarían relacionados con contratos de arrendamiento y el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley.
De acuerdo con el comunicado de la entidad, el proceso está a cargo de la Oficina de Control de Contratos de Arrendamiento de la Secretaría de Seguridad y Justicia, que adelanta labores de inspección, vigilancia y control desde el pasado 10 de agosto, luego del sismo que afectó a la ciudad y generó situaciones que impactaron el mercado de arrendamientos.
Uno de los casos corresponde a una reconocida inmobiliaria, en el informe no se menciona el nombre, en la que se identificaron inconsistencias relacionadas con un cambio de razón social y la continuidad de operaciones bajo una denominación anterior.
Por otra parte, las autoridades investigan a una persona que habría cobrado un depósito de arrendamiento que, según la queja recibida, no fue devuelto. El tercer proceso se relaciona con un particular que presuntamente estaría ofreciendo servicios inmobiliarios sin contar con la matrícula de arrendador exigida para ejercer esta actividad.
La Alcaldía también informó que, desde el 10 de agosto, ha recibido más de 500 quejas ciudadanas relacionadas con conflictos entre arrendadores y arrendatarios. Entre las principales reclamaciones se encuentran terminaciones de contratos por justa causa y solicitudes de restitución de inmuebles por falta de pago.
“A raíz del terremoto del 10 de agosto, se incrementaron de manera unilateral los cobros de algunos arrendamientos, o se estipularon cláusulas indebidas que no estaban pactadas en el arrendamiento inicial”, explicó Jorge Moreno, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Seguridad y Justicia.
El funcionario también señaló que existen casos en los que se pretende continuar cobrando el arriendo de inmuebles que tienen restricciones de uso por parte de Gestión del Riesgo.
Frente a estas situaciones, la Alcaldía recordó que el artículo 16 de la Ley 820 de 2003 prohíbe exigir depósitos en dinero u otras garantías reales para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del arrendatario en contratos de vivienda urbana.
Asimismo, el artículo 34 contempla multas de hasta 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes por las infracciones previstas en la norma.
Además de las investigaciones, la Oficina de Control de Contratos de Arrendamiento realiza visitas a inmobiliarias para revisar contratos y propiciar acuerdos entre las partes. La entidad también pidió a los ciudadanos que presenten sus quejas con documentos de respaldo, como contratos de arrendamiento, correos electrónicos y datos de contacto para recibir notificaciones.