La reconstrucción de Cali después del terremoto del pasado 10 de agosto ya tiene un nuevo escenario de disputa: el manejo de los recursos que deberán utilizarse para atender a las familias afectadas.
Mientras el Concejo estudia darle facultades al alcalde para mover el presupuesto, ciudadanos exigieron saber quién recibirá las ayudas y cómo se garantizará que lleguen a los damnificados.
La discusión se instaló en el Concejo Distrital de Santiago de Cali, donde avanza el trámite del Proyecto de Acuerdo 099, iniciativa que busca otorgarle facultades temporales al alcalde Alejandro Eder para modificar el presupuesto de la ciudad durante lo que resta de 2026.
A esto se suma el Proyecto de Acuerdo 100, que contempla medidas tributarias temporales para los damnificados.
Y aunque la propuesta busca darle herramientas a la Administración Distrital para responder a la emergencia, la pregunta que comenzó a aparecer con fuerza entre concejales y ciudadanos es otra: ¿hasta dónde deberían llegar esas facultades y bajo qué condiciones?
El primer punto de discusión está precisamente en el plazo. El proyecto plantea que las facultades tengan vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
El concejal Sergio Mauricio Zamora cuestionó que el periodo fuera tan amplio y pidió que cualquier modificación presupuestal quedara claramente relacionada con el Plan de Acción Específico (PAE).
Una inquietud similar planteó la concejal María del Carmen Londoño, quien señaló que resulta necesario revisar que las facultades se extiendan durante 90 días, teniendo en cuenta que el decreto nacional de calamidad tiene una duración de 30 días.
Pero la discusión no quedó encerrada en las paredes del Concejo
Durante la jornada de participación ciudadana realizada este lunes 31 de agosto, damnificados, ediles y líderes comunitarios llevaron sus propias condiciones para el manejo de los recursos.
Entre las principales solicitudes apareció una que atraviesa buena parte de las intervenciones: que el dinero destinado a la emergencia llegue efectivamente a quienes perdieron sus viviendas o necesitan apoyo para recuperarse.
Una de las peticiones fue garantizar recursos para los arriendos de las familias evacuadas. Andrea Meneses, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Altos de Santa Helena, pidió ayudas económicas claras y oportunas para quienes tuvieron que asumir nuevos gastos después de perder sus viviendas.
En la misma línea, el edil Luis Carlos Agudelo propuso que se contemplen subsidios de arrendamiento durante un año para las familias damnificadas de Altos de Santa Helena y otros sectores afectados.
La vivienda también estuvo en el centro de los reclamos. Katherine Mejía Palma, líder de la Comuna 5, pidió que las facultades permitan apoyar el reforzamiento de las viviendas que todavía puedan ser habitadas, mientras que desde la zona rural se reclamó atención particular para sectores como La Buitrera.
Hubo quienes fueron todavía más lejos en sus cuestionamientos
El edil de la Comuna 15, Bladimir Felipe Pomar, pidió suspender el estudio del Proyecto de Acuerdo 099 hasta conocer con claridad de dónde saldrán los recursos destinados al plan de atención y reconstrucción de Cali. Además, solicitó una ficha presupuestal que permita verificar técnicamente la destinación de esos recursos.
Ramiro Varela, ingeniero de profesión, también pidió que las facultades estén condicionadas a la atención prioritaria de las víctimas y propuso destinar recursos a la reparación y reconstrucción de viviendas, la recuperación de infraestructura esencial, el fortalecimiento de los organismos de socorro y la realización de diagnósticos técnicos independientes.
Otros participantes reclamaron que la emergencia no termine concentrando la inversión únicamente en algunas zonas de la ciudad.
Lady Rodríguez pidió una distribución equitativa que tenga en cuenta la ladera y la ruralidad, mientras que Edilson Torres advirtió que las nuevas facultades no deberían afectar los presupuestos participativos.
El debate tampoco se limitó a las ayudas inmediatas. También aparecieron propuestas relacionadas con la reactivación económica, la contratación de mano de obra caleña, el fortalecimiento de microempresas y hasta una revisión del POT y del uso del suelo para evitar nuevos riesgos.
Por ahora, el Proyecto de Acuerdo 099 continúa en discusión. Este martes 1 de septiembre está prevista la continuación de la participación ciudadana, antes de avanzar en el trámite correspondiente al Proyecto de Acuerdo 100.
Así, lo que comenzó como una solicitud de facultades para que la Alcaldía pueda reaccionar con mayor rapidez frente a la emergencia se convirtió también en un escenario donde los ciudadanos están pidiendo que el manejo de la reconstrucción tenga límites, prioridades y explicaciones claras.
La decisión final todavía no está tomada. Pero algo ya quedó sobre la mesa: la plata para reconstruir Cali será uno de los principales pulsos políticos después del terremoto.