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Esta es la millonaria demanda de la Alcaldía de Cartagena contra Veolia y Acuacar

El alcalde Dumek Turbay busca que se declare el incumplimiento del contrato de gestión integral de los servicios de acueducto y alcantarillado en Cartagena.

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13 de octubre de 2026 a las 3:41 p. m.
Panorámica de Cartagena, Bolívar.
Panorámica de Cartagena, Bolívar. Foto: Getty Images

Este martes 13 de octubre se conoció que el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la demanda que fue presentada por la Alcaldía contra Aguas de Cartagena (Acuacar), Veolia Environnement S. A. y otras sociedades vinculadas a la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. La polémica tiene que ver con la cuantía de unos 120.699 millones de pesos.

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De acuerdo con la información que se ha conocido, el proceso tiene su origen en el contrato de Gestión Integral de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado, suscrito en 1995 y modificado en 2004, 2009 y 2015.

“La cuantía se estima en $120.699.000.000, como saldo de las inversiones del Otrosí No. 3 (págs. 68 y 69). La cifra se relaciona con los hechos (pág. 51) y con el informe de interventoría EXT-AMC-26-0086593”, se lee en el auto admisorio.

Alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.
Alcalde de Cartagena, Dumek Turbay. Foto: Suministrado a SEMANA.

La alcaldía de Cartagena lo que pretende es que se declare el presunto incumplimiento de obligaciones contractuales por parte de Acuacar y, como consecuencia, se ordene la terminación del contrato.

El Distrito de Cartagena lo que busca es “poner fin al contrato, con reversión de los bienes afectos al servicio y restituciones”.

La demanda también contempla el reconocimiento de perjuicios, indexación, intereses y costas judiciales. Las acciones están dirigidas contra Acuacar, Sociedad General de Aguas de Barcelona (Agbar), Interagbar de Colombia, Veolia Environnement y Aseguradora Solidaria de Colombia.

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Según el expediente, las pretensiones contra los socios operadores y su controlante se fundamentan en obligaciones contractuales y precontractuales que el Distrito considera exigibles.

El Tribunal ordenó notificar a las empresas demandadas y concederles un término de 30 días, conforme a las reglas procesales, para ejercer su defensa. “Las demandadas podrán contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas, llamar en garantía y, si es del caso, presentar demanda de reconvención”, explicó el juzgado.

Ahora, será la justicia administrativa la encargada de determinar si existieron incumplimientos y si proceden las millonarias reclamaciones de la Alcaldía de Cartagena.