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William Dau Chamat en el Foro Bloque Parlamentario del Caribe
William Dau Chamat, alcalde Mayor de Cartagena de Indias. - Foto: Ruby Villarreal

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Nueva denuncia penal contra el alcalde de Cartagena, ¿de qué se trata?

Los denunciantes aseguran que el mandatario ha cometido prevaricato.

El alcalde de la ciudad de Cartagena, William Dau Chamat, a lo largo de su periodo administrativo ha recibido múltiples demandas y denuncias, de hecho hasta hace unas semanas su permanencia en el cargo estaba indefinida y no fue hasta el pasado 12 de septiembre que la Contraloría levantó la medida de suspensión en su contra.

En los últimos días, se dio a conocer una nueva denuncia penal contra el alcalde, esta vez por KMA Construcciones, que asegura que el mandatario ha cometido prevaricato.

Según la constructora, desde el año 2019 fue adjudicada por la Administración Distrital de ese momento, la APP de la Iniciativa Privada Corredor Portuario de Cartagena. Esto se habría logrado, luego de cinco años de trabajo con alcaldías pasadas, superando satisfactoriamente las etapas de factibilidad y pre factibilidad.

Ahora bien, dicho proyecto fue originado por KMA Constructores, quienes posteriormente diseñaron, estructuraron y finalmente lo adjudicaron de acuerdo a la Ley 1508 de Asociaciones Público Privada.

Sin embargo, el pasado jueves 22 y viernes 23 de septiembre, la constructora instauró dos acciones judiciales a favor del proyecto. La primera corresponde a una acción de tutela por vulneración de los derechos fundamentales de KMA y la segunda a una denuncia penal contra el alcalde de la ciudad de Cartagena, William Dau, por prevaricato.

“Pese a esto y contrario a las evidencias jurídicas, el alcalde William Dau no ha procedido con la firma del contrato como lo obliga la ley. Además, en varias ocasiones ha realizado declaraciones sin sustento alguno, en las que asegura que esta adjudicación fue producto de un hecho corrupto, poniendo en entredicho la buena reputación de la que goza KMA y sus dirigentes, forjada a través de los más de 20 años de existencia”, así lo manifestó la empresa denunciante.

Por otro lado, la acción de tutela se formula luego que la Alcaldía iniciara un proceso de revocatoria de la adjudicación del proyecto. “Este hecho es abiertamente ilegal, puesto que no se ha configurado ninguna de las causales autorizadas por la ley para revocar la adjudicación. Como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades la totalidad del proceso se desarrolló de manera transparente y con respeto por la normatividad vigente”, agregó KMA Constructores.

Estas dos acciones judiciales se suman a la demanda instaurada previamente ante las instancias judiciales correspondientes, por los perjuicios económicos que le ha generado a la empresa la no firma del contrato.

Por el momento, la Alcaldía de Cartagena no se ha manifestado con respecto a estas denuncias.

Acerca del proyecto Corredor Portuario de Cartagena

La realización de este Proyecto tendría un impacto directo en el desarrollo social y económico de la ciudad, con una inversión de 1,9 billones de pesos, de los cuales no cuenta con recursos públicos.

Este proyecto tiene como objetivo ampliar el corredor de carga, así como cientos de kilómetros de vías, construir la Avenida Quinta de Manga y la intersección en el Puente Las Palmas, hacer siete intersecciones (tres a desnivel y cuatro tipos glorieta) y entregarle a la ciudad miles de metros cuadrados de zonas verdes, parques y espacio público.

Adicionalmente, se estima que las obras de construcción generen más de 5.000 empleos directos y reduzcan en 50 % los tiempos de recorrido entre la isla de Manga y la Zona Industrial de Mamonal.

Contraloría levanta medida de suspensión contra el alcalde de Cartagena

El alcalde de Cartagena, William Dau, y la directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Johana Bueno Álvarez, se encontraban en el ojo del huracán, puesto que el excontralor distrital Rafael Castillo Fortich encontró y denunció una supuesta malversación de contratos.

Las investigaciones que realizó la Contraloría correspondían a la supuesta malversación de 1.074 millones de pesos por el pago de gastos de representación a funcionarios por sus labores en la administración.

El pasado martes 13 de septiembre, la Alcaldía reveló la decisión tomada por el ente de control que definía si el mandatario sería o no suspendido. En medio del anuncio, el abogado defensor, Iván Acuña, dio a conocer que la Contraloría levantó la medida.