Catatumbo
Crisis humanitaria en Norte de Santander: cerca de 32.000 personas han sido desplazadas desde el Catatumbo
Los desplazados están siendo atendidos en Cúcuta, Ocaña y Tibú.
¿Quién queda en el Catatumbo?, esa es la gran interrogante ante la crisis humanitaria que se vive en la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, la cual continúa agravándose. Según las cifras más recientes de la Defensoría del Pueblo, hasta el 21 de enero, se registran 31.889 personas desplazadas a causa del conflicto armado en la región.
Sin embargo, esta cifra no incluye a las más de 1.500 personas que permanecen atrapadas en las zonas rurales de los municipios de Teorama y parte de La Gabarra, debido a los retenes establecidos por los grupos armados.
Además, muchas personas han huido hacia otras regiones como Santander, el sur del Cesar y varios municipios fronterizos de Venezuela, buscando refugio ante la violencia que azota la zona.
Las autoridades locales y organizaciones humanitarias están preocupadas por la escalofriante cantidad de desplazados, mientras que la falta de acceso y la presencia de grupos armados dificultan las labores de asistencia a los afectados.
Según la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, aproximadamente 32.000 personas han sido desplazadas del Catatumbo debido al conflicto armado. La mayoría de los afectados se han dirigido hacia Cúcuta (15.086), Ocaña (11.503) y Tibú (5.300), buscando refugio en estas localidades.
¡Nos unimos para trabajar por nuestros hermanos del Catatumbo!🤝 Durante los últimos días la administración municipal en conjunto con otras entidades, voluntarios y la solidaridad de los cucuteños le ha hecho frente a esta crisis humanitaria. pic.twitter.com/9mh9DXq7Fv
— Alcaldía de Cúcuta (@AlcaldiaCucuta) January 20, 2025
“Hoy la Defensoría del Pueblo adelantó 3 misiones humanitarias, junto con la Iglesia Católica, en las que se logró la liberación del exalcalde del municipio del San Cayetano, 20 personas más y la entrega de otras 11, así como el levantamiento del confinamiento de mujeres y niños que no podían acceder a medios de subsistencia ni movilizarse”, indicó la defensora.
De acuerdo con la funcionaria, se logró la liberación de las 20 personas, entre ellas diez mujeres, que habían sido secuestradas desde el pasado 16 de enero por el ELN en el corregimiento de Aserrío, ubicado en el municipio de Teorama.
De igual forma, señaló que gracias a la intervención de la Iglesia Católica, las alcaldías de Tibú, Teorama, El Tarra, Convención y la Defensoría del Pueblo, el ELN expresó su compromiso de asegurar el acceso humanitario y reducir la intensidad de sus operaciones en la región.
Informe sobre situación del Catatumbo.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) January 22, 2025
- A la fecha se reportan al menos 32.000 personas desplazadas, que en su mayoría ha llegado a Cúcuta (15.086), Ocaña (11.503) y Tibú (5.300).
- Hoy la Defensoría del Pueblo adelantó 3 misiones humanitarias, junto con la Iglesia Católica,… pic.twitter.com/7dBAxl9mgv
Por su parte, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, confirmó que tras cumplirse la capacidad máxima de desplazados en la ciudad, se implementarán albergues en los Centros de Integración Ciudadana para los más de 15 mil afectados.
“Hasta ahora han llegado 12.107 personas desplazadas desde Tibú, 522 de Sardinata, 1.355 de El Tarra, 154 de Convención, 220 de Ábrego, 154 de San Calixto, 22 de Hacarí, 1 de La Playa, 122 que prefirieron no dar su lugar de origen y 227 docentes, para un total de 15.086 personas”, detalló el mandatario.
Atención 🚨Un llamado urgente a empresarios, ciudadanos y todos aquellos que puedan colaborar, hizo el alcalde Jorge Acevedo tras superarse la cifra de las 15 mil personas desplazadas desde el Catatumbo que han llegado a Cúcuta en las últimas 72 horas. pic.twitter.com/1VP3umLm3U
— Alcaldía de Cúcuta (@AlcaldiaCucuta) January 21, 2025
La situación en el Catatumbo sigue siendo crítica y pone en evidencia la necesidad urgente de medidas de protección y atención a las víctimas del conflicto armado, así como de una solución integral para enfrentar la violencia y garantizar la seguridad de las comunidades en esta región del país.