El temor se apodera cada vez más de los pobladores de La Esperanza, municipio de Norte de Santander, por cuenta de las amenzadas provenientes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, conocidas también como Clan del Golfo.
A través de panfletos y audios enviados por redes sociales, el Clan del Golfo declaró a La Esperanza como “objetivo militar”. En los audios se menciona que llevarán a cabo una “limpieza social” contra consumidores de drogas y que asesinarán a aquellos que no cumplan con sus reglas.
El bloque Arístides Meza Páez, del frente Edgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo, mostró su interés de extender su presencia desde Puerto Wilches, Barrancabermeja y Sabana de Torres, en Santander, a municipios como La Esperanza, en Norte de Santander; y San Alberto y San Martín, en el departamento de Cesar.
Ante esta situación, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, emitió la Alerta Temprana de Inminencia y solicitó al Ministerio del Interior que se proteja a los residentes en los sectores urbanos de La Feria I, Feria II, Santa Inés, San Antonio, Caño Hacienda y Tienda Nueva y en el corregimiento La Pedregosa.
El defensor Camargo también pidió a las autoridades que adopten medidas preventivas y de reacción rápida ante los factores de riesgo advertidos desde el Sistema de Alertas Tempranas, con el fin de prevenir y conjurar los riesgos y amenazas.
“La situación es crítica y ya se han registrado graves hechos de violencia en esa población. El pasado 25 de enero, por ejemplo, fueron asesinados 5 jóvenes que, presuntamente, estaban consumiendo marihuana en un punto conocido como La Batea, en el barrio La Feria”, recordó Camargo.
Asimismo, se enviaron solicitudes a la Alcaldía de La Esperanza, a la Gobernación de Norte de Santander, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y a la Personería, para que atiendan y acompañen a las víctimas, investiguen los casos, individualicen y judicialicen a los responsables de las amenazas y ataques. Además, para que hagan seguimiento a las acciones de las autoridades en la implementación de medidas de prevención y protección a favor de la población civil.
Defensor del Pueblo sobre la ‘paz total’
Por otra parte, en su Tercer Informe de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo Final, la Defensoría del Pueblo evaluó el progreso de la implementación y la voluntad del Gobierno de cumplir con los objetivos de lo pactado con las extintas Farc en 2016.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, enfatizó que, aunque el país se encuentra en una “fase de transición”, es crucial que las palabras se conviertan en acciones concretas.
“Si bien es cierto que estamos en una etapa de transición, es imperativo que los mensajes enviados se traduzcan en acciones afirmativas, pues los indicadores del plan marco de implementación distan de registrar avances significativos, en oposición a los propósitos y la buena voluntad declarada por el nuevo Gobierno. No obstante, solo en la medida en que se cumpla lo pactado en el acuerdo final, podremos hablar de paz total”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
El gobierno de Gustavo Petro ha prometido basar su compromiso con la implementación del acuerdo en la justicia social, las propuestas ambientales y la inclusión de toda la sociedad y los actores relevantes. Sin embargo, según Camargo, las “palabras vacías” no son suficientes, especialmente si se utilizan como una “herramienta de presión para obtener decisiones inmediatas”.