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No cabe un preso más: así están las estaciones de Policía en Cúcuta

La capital de Norte de Santander está entre las ciudades con mayor hacinamiento.


Según el último informe de la Defensoría del Pueblo sobre el hacinamiento carcelario en Colombia, la ciudad de Cúcuta tiene en alerta a las autoridades locales sobre la situación de los recluidos en centros transitorios como CAI, URI y estaciones de policía.

Para las autoridades, esta problemática sería una de las causas para las constantes fugas de presos en la ciudad.

Las nueve regiones con mayor porcentaje de hacinamiento en las instalaciones de la Policía y de la Fiscalía (CAI y URI) son Bucaramanga con 835.6%; Santa Marta con 590%; Bogotá con 553.4%; Cúcuta con 491.4%; Riohacha con 333.7%; Medellín con 293.3%; Cali con 274.3%; Valledupar, con 268%; y Maicao con 208%.

Hacinamiento en Cúcuta
Hacinamiento en Cúcuta - Foto: Hacinamiento en Cúcuta

Esta situación de hacinamiento se viene presentando desde el año pasado en la ciudad de Cúcuta y asimismo en el resto del pías por la falta de sistema carcelario y por la emergencia sanitaria derivada a la pandemia de la covid-19.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, exigió una solución urgente a la crisis en centros de detención transitoria e insistió en la necesidad de adelantar una reforma integral al sistema penitenciario y carcelario del país, debido a que a nivel nacional es de 194%.

Tras el ultimo informe, el Defensor del Pueblo de Norte de Santander, Jaime Marthey, manifestó que en Cúcuta “la situación más delicada se da en las estaciones de Policía, donde están detenidos por lo menos 700 personas en condiciones no aptas y, además, poniendo en peligro la comunidad vecina”.

Defensor del pueblo en Norte de Santander
Defensor del pueblo en Norte de Santander - Foto: Defensor del pueblo en Norte de Santander

Las constantes fugas de capturados en las estaciones de policía tienen en máxima alerta a las autoridades departamentales. Cabe recordar que el pasado año se presentaron dos situaciones similares, la primera se presentó en el mes de noviembre, donde se fugaron 17 detenidos del CAI ubicado en el barrio Aeropuerto de la ciudad de Cúcuta.

El segundo hecho se presentó el 27 de diciembre de 2022, donde en esta oportunidad se escaparon 11 presos del CAI ubicado en el barrio Kennedy de la ciudad, las dos fugas ocurrieron del mismo modo, estos detenidos lograron escapar por un hueco en la pared, mismo que les tomó varios días realizar.

Este miércoles 6 de abril, una nueva fuga se registró en el municipio de Los Patios, adscrito al área metropolitana de Cúcuta, donde dos personas quienes se encontraban detenidos en la Estación de Policía, se fugaron.

Según el mayor Alejandro Poveda, el hecho se habría registrado en horas de la madrugada, los ciudadanos que se encontraban retenidos, corresponden a Melvis Duglas Nuñez, a quien se le acusa de homicidio, hurto y porte de armas de fuego, y a Wilquer Rodríguez Ramírez, sindicado por hurto y secuestro simple.

Por otra parte, la Corte Constitucional extendió la declaración del estado de cosas del sistema penitenciario y carcelario del país, al constatar que existe una violación de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, que son recluidas en inspecciones, estaciones y subestaciones de Policía y unidades de reacción inmediata (URI). Estas situaciones se derivan del hacinamiento, fallas estructurales, ventilación, servicios sanitarios y de salud.

La Sala Plena de la Corte constató que la situación de hacinamiento se desbordó tanto, que las personas que son recién capturadas no pueden ingresar al sistema penitenciario y carcelario. Por esta razón, los procesados son custodiados en lugares no aptos que garanticen una reclusión digna.

“Para el cumplimiento de esta orden, la Sala Plena requirió al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación para que, junto con el Inpec y la Uspec, asesoren, acompañen y, en su caso, colaboren financieramente con las entidades territoriales. Los esfuerzos deberán enmarcarse en asegurar más y mejor infraestructura para la población procesada”, dice la Corte.

Para finalizar, la Sala Plena reiteró y advirtió a todas las autoridades responsables de la custodia de personas detenidas de forma preventiva que deben abstenerse de mantenerlas en tal situación más allá de las 36 horas dispuestas en la Constitución.

Además, ordena a las gobernaciones de todos los departamentos, así como a las alcaldías de Arauca, Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Bogotá, Medellín, Pasto, Puerto Carreño, Riohacha, Santa Marta, Cali y Valledupar que, de manera coordinada y dentro del plazo máximo de dos años siguientes a la notificación de esta sentencia, formulen proyectos para la construcción y adecuación de infraestructura carcelaria destinada a las personas con detención preventiva en establecimiento de reclusión.

Vale recordar que, en abril del año pasado, el ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, durante su visita a Cúcuta, anunció la inversión de 14 mil millones de pesos para mejorar las condiciones de los centros de reclusión de Norte de Santander. El funcionario señaló que los aportes se destinarían a la construcción de dos estructuras modulares en la cárcel de Cúcuta.