Una denuncia sacudió un proceso de licitación al interior de la Alcaldía de Medellín. Uno de los oferentes alertó públicamente de una llamada que recibió en la que, al parecer, una mujer pidió una cantidad de dinero a cambio de asignarle el contrato que está en disputa: la distribución de los bonos de alimentación para las familias más pobres de la ciudad.
El proyecto está avaluado en más de 35 mil millones de pesos, por lo que encendió las alarmas ante el riesgo al que estaría expuesto. Si bien la firma que dio cuenta del supuesto cobro de la comisión no vinculó directamente a un funcionario de la administración del distrito, todas las miradas se ubicaron sobre el equipo de Daniel Quintero Calle.
En las últimas horas, la Alcaldía de Medellín emitió un comunicado en el que encajó la llamada en un presunto caso de extorsión. El modus de operación da cuenta que desde números anónimos se presentan como funcionarios públicos y les solicitan a contratistas consignaciones como requisito para poder ganarse un proceso de licitación.
“Los procesos de contratación que se adelantan en la Alcaldía de Medellín cumplen los requisitos de transparencia y selección objetiva, los lineamientos de Colombia compra eficiente y la publicación en la plataforma del orden nacional donde se da cumplimiento de transparencia”, se lee en el documento compartido en las redes sociales.
De igual manera, desde la Alpujarra se trasladó la queja a los organismos de control para que inicien las investigaciones frente al caso expuesto en un medio de comunicación regional de parte de la firma Jaramillo Pérez y Consultores Asociados. Mientras que las autoridades judiciales tratarán de dar con el paradero de los emisores de los mensajes.
Según se ha dado a conocer, la administración interpondrá en las próximas horas una denuncia ante la Fiscalía General de Nación para identificar al grupo de personas que estarían utilizando las tareas públicas para sacar provecho de los procesos de contratación, cuya exigencia sería del 10 % del valor total.
Por otro lado, el ente de acusación les imputó cargos a nueve oficiales retirados del Ejército Nacional en medio de un proceso judicial que los vincula, presuntamente, con el delito de peculado por apropiación en favor de terceros.
Es decir, el ente de acusación los señaló de tomar una millonaria cantidad de dinero que le pertenece al Estado en medio de procesos de contratación. Al parecer, los hechos habrían ocurrido entre enero de 2010 y diciembre de 2014.
Las tareas de investigación de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, que contó con el apoyo de grupo contrainteligencia del Ejército, dan cuenta que los uniformados habrían recibido más de mil millones de pesos como contraprestación por el pago una serie de servicios en los municipios donde opera la Cuarta Brigada.
Las prestaciones fueron de escoltas, certificados de idoneidad, bodegaje y alquiler de helipuertos para el cargue y descargue de explosivos provenientes de empresas mineras, del sector energético y de obras públicas.
“Pero, al parecer, no los consignaron en la cuenta del Fondo Interno de las Fuerzas Militares, lo que habría generado el millonario detrimento patrimonial”, alegó la Fiscalía en medio de las audiencias en que aparecen los altos mandos que operaron en esta unidad adscrita a la Séptima División del Ejército.
En la lista de imputados figuran los coroneles retirados Luis Fernando Camargo Chaparro, Juan Carlos Bustamante Rodríguez y Jaime Arturo Remolina Fontalvo. También los extenientes coroneles Ilvar Orlando González Villamil, Ricardo Patiño Castañeda y Henry Benicio Rodríguez Mesa.
Estos últimos, según el expediente que conoció SEMANA, se desempeñaron hace ocho años como jefes del estado mayor conjunto y oficiales de la Cuarta Brigada que tiene su sede central en la capital de Antioquia.
De igual manera, el proceso judicial salpicó a los mayores en retiro Óscar Giraldo Garcés, Fabián Borja Pérez y Javier Antonio Arango Moya, quienes ostentaron el cargo de segundo comandante del batallón Pedro Nel Ospina, localizado en el municipio de Bello, en el norte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.