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Arquidiócesis de Medellín entregará archivos secretos sobre casos de pederastia

Los documentos se enviarán cuando la Corte Constitucional aclare las dudas de la Iglesia Católica.


El arzobispo de Medellín, monseñor Ricardo Tobón Restrepo, confirmó en las últimas horas que la Iglesia Católica compartirá con un periodista los documentos donde están recopilados los procesos sobre presuntos casos de abuso sexual que habrían protagonizado 915 sacerdotes de la capital de Antioquia en los últimos años.

La decisión se tomó luego de que la Corte Constitucional obligara a esa corporación religiosa a ceder ante los cuestionamientos del comunicador Juan Pablo Barrientos en medio de una investigación que adelanta sobre los delitos sexuales que se cometieron al interior de la iglesia, en la lista figuran varios presbíteros, diáconos y seminaristas.

Si bien el reportero acudió directamente a la Arquidiócesis para que le suministraran la información antes de caminar en los estrados judiciales, encontró un no como respuesta que fue sostenido en tres argumentos: los datos eran privados; podían afectar los procesos canónicos y penales, y tenían que proteger los datos de los menores.

La sala plena contrarió las justificaciones luego de que Barrientos interpusiera una tutela: “La solicitud presentada en esta oportunidad tiene unas características especiales que lo relacionan con la materialización del derecho a la libertad de información en cabeza de un periodista, merece de atención especial por parte del Estado”, fue una de las lecturas.

Tras varias semanas de silencio, monseñor Ricardo Tobón Restrepo habló de la determinación que tomó la Corte Constitucional, donde anticipó que respeta la decisión. Así las cosas, después de poner en claro varios fragmentos del documento que le envió la sala, procederá a responder las preguntas del investigador.

“Hemos sido notificados de la sentencia de la Corte Constitucional que determina la entrega de la información solicitada por un periodista. Respetuosos de la ley y con la firme decisión de colaborar en el esclarecimiento de los hechos, el pasado 12 de agosto hemos solicitado a la Corte la aclaración de algunos puntos de su fallo que hemos encontrado confusos”, empezó diciendo el arzobispo en un video que difundió en redes sociales.

Completó la intervención comentando que, luego de recibir las precisiones, procederá a cumplir con base en los criterios que establezcan los magistrados. Ante los duros cuestionamientos que ha recibido por la falta de voluntad que denuncian haber tenido en medio de las investigaciones, desestimó contundentemente los señalamientos.

“Hacemos pública esta declaración para que no exista ninguna duda ni mala interpretación sobre nuestra total disposición de cumplir con nuestro compromiso de contribuir con las investigaciones y llegar a la verdad”, concluyó el monseñor.

Casos conocidos

A propósito, un juez envió a la cárcel a un religioso de 43 años que abusó sexualmente de un menor de edad mientras estaba matriculado en un internado del municipio de la Estrella, población del sur del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Así lo señaló la Fiscalía General de la Nación en medio de un proceso penal que inició en 2020 luego de la denuncia de la familia.

El material probatorio da cuenta de que el seminarista, oriundo de Guatemala, cometió los delitos entre julio y agosto de ese mismo año, época en que el mundo estaba confinado por la alta presión que hubo en los sistemas de salud por cuenta de la pandemia de covid-19. Ante la soledad del momento, violentó a un niño de 12 años.

“Las evidencias recaudadas dan cuenta de que Gutiérrez Galicia aprovechó su condición de seminarista y formador para ingresar al dormitorio de la víctima y cometer actos contra la formación e integridad sexual del menor de edad”, reveló el director de la Fiscalía en Antioquia, Ricardo Romero Moreno.

Luego de evaluar las pruebas que aportó el ente de acusación, un juez penal del circuito de Itagüí condenó al religioso a nueve años y dos meses de prisión al ciudadano guatemalteco. Lo establecido es que podrá refutar los argumentos que llevaron al juzgado a tomar la decisión, dado que la medida es de primera instancia, él podrá hacer uso de los recursos disponibles en la ley.