Un grave atentado sacudió la reconocida mina de oro El Cogote, en inmediaciones de la vereda El Aporriado, a 20 minutos del casco urbano de Segovia, Antioquia.
Según informó la Policía de Antioquia, los hechos sucedieron este lunes, 3 de agosto, hacia las 2:30 p. m., cuando se realizaban labores de explotación minera en el lugar.
Testigos dijeron a las autoridades que el dron sobrevoló la mina y dejó caer cinco artefactos explosivos, que dejaron a dos personas lesionadas, una de ellas de gravedad.
El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante operativo de la Policía de Antioquia, dijo que la infraestructura de la mina también resultó afectada y que una volqueta tuvo daños.
“Las hipótesis iniciales de la investigación indican que esta acción criminal habría sido perpetrada por presuntos integrantes del frente 4 de las disidencias de las FARC, estructura que delinque en esta subregión”, señaló.
En febrero, un ataque con explosivos causó la muerte de tres personas de una misma familia en la vereda La Jagua, también en ese municipio.
Alonso de Jesús Silva, el tesorero de la Junta de Acción Comunal de La Jagua; su hermano Yalusan Cano, miembro del comité de conciliación de la misma, y la mamá de ambos, María Cecilia Silva, fallecieron en ese atentado, sin precedentes en ese entonces en la historia de Colombia.
El general William Oswaldo Rincón rechazó lo ocurrido y calificó este hecho como un acto terrorista: “Rechazamos con total contundencia este acto criminal que enluta a una familia colombiana y evidencia el desprecio de los grupos armados ilegales por la vida y la dignidad humana. Ninguna confrontación entre estructuras criminales puede justificar ataques contra la población civil”.
El domingo, 2 de agosto, la Defensoría del Pueblo llamó la atención de las autoridades nacionales y departamentales de Antioquia por la ola de violencia que se presenta en el municipio de Briceño por cuenta de los grupos criminales.
De acuerdo con la entidad, en esta región del país se registran intensos enfrentamientos entre estructuras ilegales que utilizan drones cargados con explosivos. Esta situación ha provocado el desplazamiento de la población civil ante el temor de quedar en medio de los ataques.
La Defensoría del Pueblo informó que las comunidades han comenzado a desplazarse desde las veredas El Roblal y Travesías por el miedo a las confrontaciones entre los grupos armados al margen de la ley.
También aseguró que existe un alto riesgo de confinamiento de otras comunidades rurales del municipio, que, ante las confrontaciones, prefieren quedarse en sus casas.
En octubre, SEMANA recorrió esa población y pudo documentar la grave crisis humanitaria que viven sus habitantes.