Atención: habitantes de Toledo e Ituango levantan bloqueos hacia el proyecto Hidroituango

Después de nueve horas de bloqueos por parte de las comunidades de los municipios de Toledo e Ituango en la entrada del proyecto Hidroituango, llegaron a un acuerdo con los funcionarios de EPM y los representantes de estos habitantes. Las manifestaciones se registraron específicamente en la entrada de las obras que se desarrollan en la casa de máquinas. Una de las principales peticiones de estas comunidades son que se haga el mantenimiento de la vía Toledo-Matanzas y otras carreteras de esa población cercana a Hidroituango.

Fernando Muñoz, uno de los líderes de los bloqueos, informó que levantaran las protestas por un lapso de 24 horas hasta que llegue el gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo, con el fin de que pueda evaluar y dar soluciones a los incumplimientos que han tenido con las comunidades aguas abajo del proyecto. Sin embargo, desde la tarde de este jueves 24 de noviembre permiten el ingreso de personal a sus puestos de trabajo y la circulación de la comunidad desde y hacia el municipio de Ituango.

“Estamos dispuestos a quedarnos todo el tiempo que sea necesario. Lo que estamos buscando es que nos busquen soluciones. Estamos en el vertedero, aquí vamos a quedarnos la población campesina de manera permanente”, sostuvo Muñoz.

Desde EPM manifestaron que este tipo de acciones ponen en riesgo la infraestructura y pueden incrementar los riesgos para las comunidades ubicadas aguas abajo de la presa, pues actualmente se adelantan pruebas de equipos y el proceso de puesta en operación de Hidroituango, actividades que no pueden ser suspendidas y requieren atención permanente del personal idóneo.

“EPM agradece al Gobierno nacional, a través de sus ministerios del Interior y de Defensa Nacional, al director General de la Policía Nacional, mayor general Henry Armando Sanabria Cely, así como al comandante del Departamento de Policía Antioquia, coronel Daniel Mazo Cardona, por su acompañamiento en esta situación”, manifestaron desde la entidad encargada del proyecto Hidroituango.

Entre tanto, solicitan medidas de seguridad eficientes ante la incertidumbre que hay en el proyecto por el encendido de las dos primeras unidades de generación de energía, a razón de que podría representar un riesgo para ellos, tal como lo han previsto los organismos de socorro. En la lista también está el mejoramiento de las vías terciarias de la zona de influencia.

Frente a este escenario, las autoridades departamentales dieron cuenta de que es necesario volver al diálogo con las comunidades que están ubicadas aguas abajo de la hidroeléctrica para devolverles la confianza, también con el objetivo de mejorar la comunicación entre los actores de la obra y los vecinos del río Cauca.

“Se pondrá en marcha una mesa de seguimiento a las solicitudes que los municipios le han hecho históricamente al proyecto. Es así como las entidades que conforman el consejo departamental de gestión del riesgo de desastres serán veedoras para que se cumplan los compromisos”, señaló la Gobernación.

Son varias las organizaciones que les hacen reclamos a EPM. Pero todas coincidentes en que las organizaciones que están involucradas en el proyecto les entreguen detalles de cómo está la obra y las complicaciones que tendrá la infraestructura cuando entren en operación comercial las ocho turbinas.

Otro de los puntos en común son las constantes quejas por las palabras que la compañía de servicios públicos estarían incumpliendo. Sin embargo, la empresa respondió que ha acatado los puntos que acordó con las comunidades. Prueba de ello sería los recursos que ha ejecutado en los pueblos aguas abajo.

“Cerca de 2,5 billones de pesos ha invertido EPM en la gestión social y ambiental durante la construcción de Hidroituango en programas de gran contribución para el desarrollo de las comunidades, como: conectividad, salud, educación, vivienda, servicios públicos, biodiversidad, infraestructura comunitaria”, dijo la empresa.

Mientras se resuelve esta situación, las directivas siguen sorteando con la fecha en la que se prenderán las dos primeras turbinas. Si bien la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene como fecha límite el 30 de noviembre, esa fecha no se cumplirá. Así las cosas, se podría correr con el riesgo de recibir multas millonarias.