Este viernes, 13 de febrero, es clave no solo para el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, quien está en carrera electoral a la Presidencia de Colombia. El cuestionado político tiene llamado a formulación de acusación junto a otras 12 personas por el escándalo de Aguas Vivas, uno más de los que manchan su paso por el centro administrativo La Alpujarra, desde donde se dirige la capital paisa.
Sin embargo, podría ser igual de importante la cita que para las 2:30 p. m. puso el juez 27 penal con función de control de garantías de Medellín. Desde esa hora, definirá la solicitud de medida de aseguramiento contra Juan David Palacio Cardona, el exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la autoridad ambiental y de transporte en Medellín y los nueve municipios circundantes: Barbosa, Girardota, Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas.
Es decir, este mismo viernes se podría saber si la Fiscalía da otro paso importante en el proceso de acusación formal contra Quintero, a quien ya le imputó cargos por peculado por apropiación a favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción en el caso de Aguas Vivas, polémico predio ubicado en el barrio El Poblado y la avenida Las Palmas al que le habría cambiado el uso del suelo para levantar sus restricciones de construcción y facilitar la edificación de inmuebles, cuyos propietarios serían cercanos a su expadrino político, el exgobernador Luis Pérez Gutiérrez, según los denunciantes.
El primero de esos delitos endilgados a Quintero es también el que la Fiscalía le imputó a Palacio Cardona, pero por otro caso, el del escándalo que tiene a varias personas ligadas a la política regional, entre ellas Misael Cadavid, exdirector del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
Cadavid, según la Fiscalía, en calidad de líder de los bomberos de Itagüí y en su afán de impulsar su fallida carrera a la Cámara de Representantes, firmó seis contratos por más de 18.600 millones de pesos con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Los contratos interadministrativos fueron firmados entre 2020 y 2021 bajo la figura de “apoyo a la gestión”, modalidad que ―según las autoridades― habría permitido saltarse licitaciones públicas y direccionar los recursos hacia el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
El ente acusador cree que esos convenios fueron direccionados y se inflaron precios para favorecer a terceros como Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín, quien fue hace una década concejal de la ciudad y posteriormente diputado de Antioquia. Es decir, un personaje que otrora tenía peso político en la región, pero a quien hoy nadie se le quiere acercar.
De hecho, Daniel Duque, un exconcejal de Medellín ligado al Partido Verde y uno de los principales opositores del gobierno de Quintero, explica con claridad la importancia de Juan David Palacio para el corazón de la familia del exalcalde.
“Juan David Palacio era muy, muy, muy, cercano a los Quintero y especialmente al hermano de Daniel Quintero, que se llama Miguel Quintero, quien es un tipo muy cuestionado por presuntamente estar al frente de gran parte de los negocios que se desarrollaron durante esa administración. Miguel es clave en el caso porque siempre se dijo que quien estaba tras bambalinas en el Área Metropolitana, quien realmente manejaba los hilos, era él”, le dijo a SEMANA.
Y aunque Daniel Quintero ha tratado de desligarse de la responsabilidad en el nombramiento de Palacio en el Área Metropolitana, arguyendo que esta es una decisión de los diez alcaldes del Valle de Aburrá, el exconcejal Duque lo clarifica.
“Si bien el alcalde de Medellín es un miembro más de la junta directiva del Área Metropolitana, él es quien la preside y además es quien siempre pone el director, es decir, el director que propone el alcalde de Medellín siempre es aceptado por los demás alcaldes. ¿Por qué? Pues porque Medellín es el municipio núcleo del Valle del Aburrá, es el que pone la inmensa mayoría de los recursos que financian toda la labor de esa entidad”, explicó.
Ahora, el delito del que señalan a Quintero es el mismo del que señalan a Palacio, pero solo en lo nominal, pues obedece a dos casos diferentes, dos escándalos descubiertos por la veeduría Todos por Medellín, que hizo seguimiento a la administración de Quintero y encontró más de 500 irregularidades, algunas de las cuales terminaron en denuncias en la Fiscalía, investigaciones disciplinarias en Personería y Procuraduría, y en procesos fiscales en la Contraloría.
En su defensa, Quintero y los otros investigados han dicho que es una persecución política y que son inocentes.
Pero en la lista de investigaciones están el caso de Aguas Vivas, que liga directamente al exalcalde Quintero; el de Buen Comienzo, que tiene que ver con la presunta apropiación en favor de terceros de más 1.400 millones de pesos, correspondientes a salarios de más de 520 trabajadores que habrían sido contratados sin cumplir los requisitos técnicos.
También de Metroparques, un contrato firmado en 2020 por 21.000 millones de pesos para garantizar el apoyo logístico y la realización de eventos recreativos y deportivos en el que se denunciaron presuntos sobrecostos e irregularidades.
Esos escándalos, dijeron en su momento desde la veeduría Todos por Medellín, se configurarían en un escenario más complejo que el del Carrusel de la contratación que llevó a la cárcel al entonces alcalde de Bogotá Samuel Moreno y a su hermano Iván.
Y aunque ya hay personas detenidas, algunos exsecretarios de despacho y contratistas ligados a la alcaldía de Daniel Quintero respondiendo ante la justicia, el caso de Juan David Palacio es particular.
Él niega haber hecho parte de un entramado de corrupción, las diligencias en su contra han sido dispendiosas y suspendidas en tres ocasiones por las extensas argumentaciones de parte de la Fiscalía y los abogados defensores, pues hay otras tres personas vinculadas al mismo proceso.
Por ejemplo, aunque ayer en su defensa el abogado Andrés López Figueroa trató de rebatir la necesidad de enviarlo a prisión y adujo que él no tuvo participación directa en la firma de los contratos porque no era su función, la posible llegada a la cárcel de Palacio significaría un mazazo al corazón del quinterismo.
Sería el funcionario de más alto perfil de la administración de Daniel Quintero tras las rejas, un inri demasiado pesado para un versátil político que ha tenido que sortear un camino minado por los presuntos errores en su administración en el afán de cumplir su sueño de ser presidente.
Sin embargo, esto solo se sabrá este viernes después de las 2:30 p. m., cuando el juez 27 penal con función de control de garantías evalúe la necesidad de que el alfil de Quintero sea, o no, un preso más.