“Antes, se podía ir a pescar y se dejaba la puerta de la casa abierta. Ahora, ni a pescar se puede”.
Así resumió un habitante de Jericó la difícil situación de violencia que se vive producto de la guerra que han sembrado en algunos municipios del suroeste antioqueño el Clan del Golfo y la banda El Mesa.
Ambos grupos, paradójicamente, están sentados en la mesa de la paz total con el Gobierno de Gustavo Petro.
La situación es tan crítica, que este sábado, en Andes, delincuentes asesinaron a tiros a un hombre que iba en su moto y le prendieron fuego. La escena fue aterradora para quienes tuvieron que vivirla, en la vía Andes -La Chaparrala, sector La Balastrera.
Pero no se trata de un caso aislado. En la vereda La Ana, en el municipio de Urrao, el Ejército sostuvo combates con hombres del Clan del Golfo en los que alias Mateo y Alias Libardito, presuntos integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, fueron dados de baja.
“Estos sujetos presuntamente estarían involucrados en el cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos y campesinos de esta zona del departamento, así como en actividades de inteligencia delictiva, con el propósito de sostener confrontaciones armadas con otros grupos ilegales por la disputa del control territorial”, informó el Ejército.
Además, en otra operación militar fueron capturados dos adultos y aprehendido un menor de edad.
Sin embargo, este tipo de acciones parecen insuficientes para detener el desangre de esas dos organizaciones criminales en la población.
En 2025, según cifras oficiales citadas por el diario El Colombiano, 316 personas fueron asesinadas en esa subregión, un número preocupante, si se compara con los 325 ocurridos en Medellín, que es una urbe de más de 2,5 millones de habitantes.
SEMANA habló con varias fuentes en la subregión, quienes bajo el anonimato mostraron su preocupación, aunque Álvaro Jaramillo Guzmán, director ejecutivo del Comité de Cafeteros de Antioquia sí levantó su voz para pedir mayor articulación entre el gobierno nacional y el departamental.
“Esa situación nos ha estado golpeando permanentemente desde hace varios años, durante este gobierno, pero también en el gobierno anterior, la criminalidad en Antioquia ha progresado”, dijo el líder gremial.
Por ejemplo, manifestó que en algunas ocasiones, por asesinatos o masacres ocurridas en esa zona de Antioquia, los recolectores de café abandonan sus predios y se desplazan, afectando la recolección del grano, la economía rural.
“Cuando hemos tenido masacres en fincas, esos recolectores se desplazan de sus municipios; entonces los campesinos nos llaman y piden ayuda, porque se desplaza la mano de obra”, indicó.
En el Suroeste, municipios cafeteros como Jardín, Jericó y Andes se ven constantemente golpeados por la violencia. Pero ese flagelo se traslada a otras zonas, pues en Antioquia el café, según cifras de Jaramillo Guzmán, tiene presencia en 95 de los 125 municipios, es decir, el 76 %.
“Algunas personas tratan de minimizar las peleas, lo que ocurre que esas víctimas son fruto de estar metidos allí, pero realmente impacta a todo el mundo”, dijo.
Como ejemplo pone cómo la extorsión sacude a quienes transportan el grano. “Las cooperativas de caficultores no tienen transporte propio, los camiones con los que mueven sus insumos, desde la Costa a los municipios, o desde donde llevan el café a Bello, que es donde está el acopio fundamental de Alma café en Antioquia, es con transportadores privados, en ocasiones, esas mismas bandas en esos municipios también les da por cobrar vacunas, en las cooperativas se quejan porque los transportadores no quieren ir a ese o a otros municipios y toca con alguna regularidad, estar suministrando esa información a la secretaría de gobierno de Antioquia”, señaló.
