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Cartel de licores en Antioquia: SIC multa a tres distribuidores

La Fábrica de Licores de Antioquia respondió que la decisión de la Superintendencia no la vincula con la práctica ilegal.


La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) divulgó una nueva sanción que causó estruendo en Medellín: en un comunicado de prensa, reveló que tres compañías armaron un cartel para acaparar toda la producción de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) en el departamento.

Los hechos investigados por la autoridad de regulación dan cuenta de que el comportamiento irregular comenzó en 2010 y se extendió hasta 2022, cuando le dieron trámite a un sistema que restringió la libre competencia en el mercado de distribución de los licores producidos por la empresa paisa.

Los protagonistas son Alianza Mayorista (Alima), Dispresco e Internacional de Abastos y Licores. Además, en la lista de responsables figuran cinco personas: Hernán Gil Barrientos, Andrés Nicolás Londoño Posada, Leonardo de Jesús Ramírez Ramírez, Nelson Arturo Giraldo Alzate y David Estaban Giraldo Parra.

Ellos deberán asumir una multa que supera los 17.600 millones de pesos, dado que los investigadores del ente de control pudieron comprobar que se creó un acuerdo ilegal entre las tres compañías, agrupadas en una Unión Temporal, desde la cual se ejecutaron estrategias contrarias a la legislación.

Por ejemplo, entre 2010 y 2013 usaron técnicas irregulares para fijar indirectamente los precios de los productos a través de descuentos ofrecidos a los clientes, lo que unificó el valor de la comercialización de los integrantes del cartel, con respecto a los topes oficiales de descuentos de la Fábrica de Licores de Antioquia.

En ese mismo período, los implicados asignaron cuotas de participación en las que cada una se sumó la cantidad de utilidades o pérdidas que tendrían frente a la venta de las botellas de licor producidas por la FLA, diseñando “un método de compensación o nivelación de cuotas, para los eventos en los que se llegaría a vender por debajo o encima de la cuota asignada”, reveló la SIC.

Es decir, la función de la Unión Temporal fue realizar el monitoreo y seguimiento de los acuerdos restrictivos. Esas tareas estaban a cargo de dos órganos de administración: un gerente y la junta directiva.

No obstante, a finales de 2012, se presentaron los primeros incumplimientos en los acuerdos que frenaron la libre competencia, por lo que hubo una reestructuración del proyecto ilegal que terminó en 2013 con nuevas tácticas unificadas para facilitar la ejecución de los objetivos: acumular la distribución de licores.

Según la Superintendencia de Industria y Comercio, el nuevo modelo de operación puso en marcha cuatro reglas básicas que los llevaron con vida hasta 2022, cuando el tapete irregular fue destapado por la entidad.

“Acuerdos de asignación de cuotas de participación; acuerdos de repartición equitativa de clientes y de zonas de comercialización; la implementación de nuevas estrategias y políticas comerciales unificadas, tales como la unificación de la fuerza de ventas, y la creación y puesta en funcionamiento del software denominado Activity”, se lee en el expediente compartido por la SIC.

En consecuencia, la vigencia de la Unión Temporal fue prorrogada por las empresas del cartel por medio de la suscripción de un otrosí hasta diciembre de 2023.

Así las cosas, las compañías deberán costear una millonaria multa que fue distribuida en diferentes saldos entre los protagonistas:

  1. Alima: $ 2.317.027.871.
  2. Dispresco S. A. S.: $ 6.001.287.648.
  3. Interlicores: $ 5.901.679.164.

Además, las personas naturales tendrán la obligación de cancelar entre dos mil millones de pesos y 24 mil millones, cifras que suman un total de $ 17.625.458.612. Frente a esta decisión, los implicados podrán presentar recursos de reposición.

A raíz de la situación, la Fábrica de Licores de Antioquia respondió que, en ningún momento, la decisión de la SIC la sanciona, ni mucho menos concluye que promovió acuerdos para la promoción de las prácticas restrictivas de la libre competencia.

“La sanción a los distribuidores aún no está en firme, puesto que procede un recurso de reposición por parte de estos, por lo cual aún no produce efectos en la comercialización de sus productos”, comentó la FLA en un comunicado.