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Hombre habría estafado a una aseguradora por más de $ 490 millones en Medellín y Santander

El procesado no aceptó las acusaciones de la Fiscalía.


Un juez envió a la cárcel a un especialista en tecnología de 30 años que habría utilizado sus conocimientos para hacer uso indiscriminado de los seguros que adquirió con una compañía en la capital de Antioquia y Bucaramanga.

Los hechos investigados por la Fiscalía ocurrieron entre 2016 y 2019, cuando el hombre costeó una serie de pólizas a nombre suyo y de su familia. Misteriosamente, la empresa empezó a desembolsarle grandes cantidades de dinero.

Las tareas de inteligencia de la Policía Judicial evidenciaron que el procesado, al parecer, aprovechó sus destrezas en el manejo de sistemas informáticos para ingresar en 109 oportunidades a la plataforma de siniestros de la empresa aseguradora y alterar 52 datos.

En desarrollo de estas acciones ilícitas, el hombre habría digitado información que declaraba a los beneficiarios como muertos o víctimas de accidentes que nunca existieron, así lo confirmó la directora del ente acusador en Medellín, Natalia Andrea Rendón.

“Estos eventos le habrían posibilitado al supuesto responsable realizar reclamaciones por hechos que nunca sucedieron y defraudar en más 490 millones de pesos a la compañía de seguros por el cobro de pólizas por muerte y hospitalización”, afirmó la funcionaria.

Tras la evidencia recolectada, al hombre lo procesaron por cometer presuntamente los delitos de estafa agravada continuada y acceso abusivo a un sistema informático agravado en dos departamentos del país, como quedó registrado en los radares de la Fiscalía y la compañía.

En consecuencia, el procesado fue capturado por la Policía Nacional en la capital santandereana. Tras la lectura de las faltas que habría protagonizado, optó por no aceptar los cargos imputados.

Sin embargo, un juzgado decidió recluirlo en un centro carcelario mientras avanzan las investigaciones en su curso, al considerar que podría interferir en los estudios que lo vinculan.

En paralelo, dos exempleados de la Alcaldía de Medellín fueron imputados como presuntos responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en un acuerdo de venta público que impulsaron en 2015.

El incidente que investiga la Fiscalía ocurrió cuando Aníbal Gaviria Correa, quien hoy funge como gobernador de Antioquia, estaba al frente de la administración de Medellín. Al parecer, dos de sus funcionarios habrían intervenido irregularmente en la comercialización de un lote en la Central Mayorista.

Los protagonistas son la exsecretaria de Servicios Administrativos, Vera Cristina Ramírez López, y el entonces subsecretario de Adquisiciones y Desempeño Contractual, Jorge Mario Velázquez Serna.

Mientras estuvieron en el cargo, los señalados gestionaron la venta un terreno de 8.300 metros cuadrados que la administración tenía en el municipio de Itagüí por un saldo menor al que estaba avaluado.

Un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía General de la Nación recolectó elementos probatorios que dan cuenta que, entre el 27 de marzo y el 24 de abril de 2015, los procesados habrían negociado el predio por 19.123 millones de pesos mientras estaba pesado en más de 34 mil millones de pesos.

“La Fiscalía determinó que, durante este proceso, se omitieron las normas para establecer el valor del referido lote, permitieron que el mismo fuera entregado a un particular por un valor muy inferior al real”, le planteó en el ente acusador al juez que lleva el caso.

Otro de los hallazgos muestra que, el 19 de marzo de 2015, Vera Cristina Ramírez López habría omitido, “de manera arbitraria”, un evalúo contratado por la Alcaldía de Medellín y solicitó otro, presuntamente, el más conveniente para los intereses de los compradores.

A raíz de esta situación, la mujer también deberá responder por la falta punible de prevaricato por acción.

Cuando se conocieron las primeras denuncias, la Contraloría asumió que el proceso de contratación no se hizo en el marco de la normatividad porque no privilegiaron los intereses de la administración.