La comunidad universitaria de la Universidad Católica Luis Amigó se encuentra en el centro de una controversia luego de que, a través de redes sociales, se hiciera pública una grave denuncia contra un estudiante de la institución.
Según las versiones difundidas, el joven habría incurrido en conductas de acoso que posteriormente derivaron en un presunto caso de abuso sexual contra una estudiante de la misma universidad.
La situación comenzó a tomar relevancia tras la circulación de una publicación anónima en formato de “escrache”, en la que la víctima relató los hechos que, según su testimonio, ocurrieron dentro de las instalaciones del campus.
Aunque la identidad de la denunciante se mantiene en reserva, el contenido del relato generó una fuerte reacción entre estudiantes, colectivos feministas y distintos sectores de la comunidad académica.
Como consecuencia de la indignación colectiva, diferentes organizaciones estudiantiles y grupos feministas convocaron a una jornada de protesta pacífica.
Bajo el lema: “No queremos un presunto violador ni una universidad cómplice”, se anunció un plantón que tendrá lugar el próximo martes 14 de abril a las 12:00 p. m. en la plazoleta principal de la universidad.
Frente a la creciente presión social, la Universidad Católica Luis Amigó emitió un comunicado oficial en el que se pronunció sobre lo ocurrido. En este, la institución afirmó que activó de manera inmediata los protocolos internos una vez tuvo conocimiento del caso, incluyendo medidas de protección para la presunta víctima y el inicio de los procedimientos correspondientes para esclarecer los hechos.
“Reiteramos nuestro rechazo a cualquier forma de violencia basada en género y reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado, la protección de los derechos y la construcción de un entorno universitario seguro, respetuoso y libre de violencias para todas las personas”, señala el comunicado oficial difundido por la universidad.
Asimismo, por parte de la institución se indicó que el caso está siendo atendido con carácter prioritario, con acompañamiento psicojurídico e institucional, lo que implicaría tanto apoyo a la víctima como el desarrollo de una investigación interna conforme a los lineamientos establecidos.
Mientras tanto, el caso continúa generando debate en redes sociales y dentro de la comunidad académica, donde estudiantes y docentes han reiterado la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, atención y sanción frente a este tipo de situaciones.
La jornada de protesta convocada podría convertirse en un escenario clave para medir el alcance del descontento y la exigencia de justicia por parte de la comunidad universitaria.