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En video | Momentos de terror en Uramita, Antioquia: las balas se apoderaron de la noche

Al menos 35 municipios del departamento han sufrido las afectaciones del paro armado.


A la par, caen las gotas de agua y suenan las balas en la noche de este viernes 6 de mayo en el municipio de Uramita, al occidente de Antioquia. La comunidad está aterrorizada por el intercambio de disparos y el estallido de bombas, por lo que corren a resguardarse en sus casas. Finalmente, no hay más a donde ir.

En sus celulares los habitantes dejan registro del hostigamiento por parte del Clan del Golfo. La guerra ya fue declarada y esto solo les recuerda viejos escenarios de violencia que ha vivido el país. En medio del desespero y la zozobra resisten a los ataques, metidos debajo de sus camas o tirados en el suelo.

Nadie quiere hablar de lo sucedido, pues la comunidad no quiere ser el blanco de esta guerra; sin embargo, sus grabaciones dan cuenta de los momentos de horror que han vivido. Según la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la banda criminal del Clan del Golfo ha ejecutado una acción violenta cada 20 minutos.

La retaliación por la extradición del máximo cabecilla del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, tiene a los mandatarios en alerta. Por esto, el Gobierno nacional elevó a $5.000 millones la recompensa por los sucesores del cabecilla. Los nuevos jefes de dicha estructura narcotraficante son alias Siopas y alias Chiquito Malo.

“Tememos por que vaya a salir otro Otoniel, estamos temiendo otra guerra, las víctimas no queremos eso”, expresó Silvia Berrocal, quien pedía evitar extradición de Otoniel.

Con el fin de frenar el paro armado, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, anunció que una de las prioridades es la recuperación de la vía Medellín-Urabá, donde además los patrullajes serán reforzados con helicópteros.

“La recuperación y el funcionamiento en forma normal, la normalización de la vía entre Medellín y Urabá, un tema que consideramos absolutamente trascendental y como compromiso de este Consejo de Seguridad empieza a trabajarse desde ya”, dijo.

La Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia lamenta las pérdidas que acumuladas suman más de 2.500 millones de pesos, mientras que los conductores de vehículos pesados dan cuenta de una reducción en las operaciones logísticas con millonarios saldos negativos.

A las súplicas de frenar con esta ola de violencia se suma la Asociación de Volqueteros Unidos de Antioquia que pidió: “A todos los actores armados: no somos culpables de sus problemas, somos compatriotas y solo queremos llevar el sustento a nuestros hogares. Venimos de una pandemia y solo pedimos trabajar en paz”, escribió la agremiación.

Según un panfleto, que circula por los municipios de Antioquia, el paro armado estará vigente durante cinco días, o sea hasta el lunes 9 de mayo a las 12 de la noche. Mientras tanto, la comunidad permanece en sus casas, el comercio cerrado, las calles y plazas desoladas y las vías represadas.

Las emisoras tuvieron que suspender sus emisiones

La Asociación de Medios de Comunicación del Sistema Radial Comunitario (AsoRedes) denunció que las seis emisoras del Bajo Cauca antioqueño cancelaron las emisiones por amenazas de los grupos ilegales que delinquen en la subregión.

Al parecer, miembros de las organizaciones armadas les pidieron espacios para divulgar información alusiva al supuesto paro armado que habría asumido el Clan del Golfo como retaliación por la extradición de alias Otoniel hacia Estados Unidos.

Los supuestos mensajes que se iban a transmitir por los micrófonos de las emisoras comunitarias advertían de acciones terroristas contra los comerciantes, conductores y habitantes que continuaran con sus actividades en esa subregión.

El representante legal de las emisoras, Juan Guillermo Cano Vargas, informó que los periodistas están atemorizados porque les cerraron las puertas a los supuestos ilegales.

“Hemos determinado apagar la emisión durante los cuatro días del supuesto paro armado porque no tenemos la seguridad suficiente para prestar el servicio a las comunidades que lo requieren día a día. Creemos que no podemos jugar con la vida. Esta situación es de alto riesgo para los locutores, directores y personal administrativo”, dijo el representante.