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CARCEL, RECLUSO
LA ALPUJARRA CALABOZOS DE LA ALPUJARRA PRESOS CARCEL CARCELES MEDELLIN, MAYO 15 DE 2013 FOTO JUAN ESTEBAN MEJIA/ SEMANA - Foto: JUAN ESTEBAN MEJIA

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Investigan la muerte de un recluso que estaba bajo el cuidado de la Policía en Antioquia

La Fiscalía está liderando las investigaciones para esclarecer la emergencia.

Un joven de 21 años falleció en un centro hospitalario del Valle de Aburrá luego de ser remitido de una estación de la Policía Nacional del municipio de Itagüí. Aunque los defensores de la población carcelaria en Antioquia cuestionan el trato que le dieron al recluso, la institución defendió el procedimiento. Fiscalía analiza el escenario.

León David Sepúlveda Marulanda le manifestó a los uniformados y compañeros de celda que tenía malestar y dificultad para respirar. La dolencia fue atendida por los policías en la subestación de Los Gómez con el apoyo del personal sanitario de una ambulancia. En ese momento, le sugieren tomar acetaminofén y no diagnosticaron complicaciones.

Según el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general Josué Martín Gámez, horas después, el recluso volvió a expresar signos de alerta. En consecuencia, fue trasladado a la Clínica del Sur de Itagüí donde falleció. De momento, se desconoce las causas que le generaron la muerte.

“Al parecer, como consecuencia de esta afectación a su salud. Allí hubo un proceso de inspección al cadáver y Medicina Legal dará su dictamen. En la eventualidad en que se haya presentado una inconsistencia, la autoridad judicial ―en el marco de la investigación― lo dirá”, señaló el comandante de la institución que en los próximos días dejará el cargo.

Por su parte, el vocero de la veeduría penitenciara nacional y defensor de los derechos humanos de la población privada de la libertad en Antioquia, Jorge Alberto Carmona Vélez, pidió que los organismos avancen considerablemente en los estudios para esclarecer la muerte de León David Sepúlveda Marulanda.

“Hago extensivo las condolencias a la familia y solicito a la Procuraduría regional de Antioquia y a la Fiscalía General de la Nación [para que] se inicien las investigaciones pertinentes para determinar modo, causa y dictámenes de esta muerte de esta persona privada de la libertad”, comentó Carmona Vélez.

Esta situación volvió a revivir la crisis que hay en las estaciones de Policía Nacional por el alto hacinamiento de las personas privadas de la libertad. Solo en Medellín, de acuerdo con las denuncias del Ministerio Público, nueve espacios transitorios tienen una sobre ocupación del 500 %. Lo mismo pasa en los establecimientos carcelarios.

En el primer semestre de 2022, la sede de la comuna Manrique registró una aglomeración del 730 %. Además, los niveles alarmantes se multiplican en Popular (700 %); Buenos Aires (610 %); Villa Hermosa (830 %); subestación Los Gómez (815 %); Sijin (1.790 %); Poblado (550 %); Belén (810 %); Catilla (324 %); Doce de Octubre (483 %); y Laureles (490 %).

Mientras que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) contabiliza en la capital de Antioquia alto hacinamiento en los establecimientos que administra, aunque en el pasado la situación estaba más crítica. Con base al 23 de agosto, hay una sobrepoblación del 50 %. Los servicios están colapsados y marcados con alerta roja.

Es decir, en esta región hay camas para 7.776 personas y la demanda de reclusos es de 11.721. Aunque la situación más crítica se vive por fuera de la ciudad donde la oferta tampoco representa sus condiciones. Las cárceles de Apartadó, Sonsón, Santa Bárbara, La Ceja, Jericó, Ciudad Bolívar y Andes.

Para atender este escenario que vulnera en muchas ocasiones los derechos de los detenidos, las autoridades departamentales están gestionando el traslado de personas entre establecimientos para quitarle la presión a los más afectados. De igual manera, a las estaciones de Policía que están asumiendo responsabilidades ajenas a su función.

En Medellín, por ejemplo, la administración distrital está avanzando en el proyecto de construcción de una cárcel especial para sindicados, iniciativa de obligatorio cumplimiento por parte de las autoridades judiciales ante los altos índices de hacinamiento.