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Imagen de referencia. Ataque del Clan del Golfo contra militares de la Cuarta Brigada.
Imagen de referencia del Ejército Nacional. - Foto: Ejército Nacional.

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Militar es señalado de robar fusiles del Ejército y ponerles precio en el mercado negro en Antioquia

El suboficial no aceptó los cargos que fueron imputados por la Fiscalía, pero un juez lo envió a la cárcel mientras avanzan las investigaciones.

Un cabo primero del Ejército Nacional fue enviado en las últimas horas a un establecimiento carcelario de Antioquia en medio de las investigaciones que se adelanta en su contra por la extraña desaparición de cuatro fusiles de la institución. Al parecer, él habría tenido protagonismo en el hurto que se cometió en las instalaciones de una sede militar del Bajo Cauca.

Los estudios adelantados por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública darían cuenta que los hechos se presentaron entre los días 16 y 17 de junio de este año en el Batallón Especial Energético y Vial número cinco, que les hace contrapeso a las organizaciones delincuenciales que operan en el municipio de El Bagre, entre Los Caparros y el Clan del Golfo.

Se sospecha que este funcionario estaba en el sitio cuando se reportó la pérdida del material. De los equipos se volvió a saber el 22 de junio cuando la Policía Nacional, durante la inspección a un vehículo particular que estaba cruzando por uno de los peajes de la ciudad de Neiva, incautó dos de los fusiles que habían sido reportados como desaparecidos en esta región de Antioquia.

De los restantes no se tiene conocimiento preciso. Sin embargo, los investigadores del ente de acusación afirmaron ante un juez de la República que, supuestamente, se comercializaron en el mercado negro. Los datos recopilados podrían en evidencia que las personas que recibieron el armamento del Ejército Nacional habrían entregado a cambio la suma de 7 millones de pesos.

Frente al material recopilado, se ordenó la detención del suboficial como presunto responsable de los delitos de peculado por apropiación y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares. En consecuencia, fue capturado en las instalaciones de la Brigada XVII, con sede en el municipio de Carepa, Urabá antioqueño.

La operación estuvo a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. En las primeras audiencias, el soldado, que dejará de portar el uniforme mientras avanzan las investigaciones en su contran no se allanó a los cargos que le fueron imputados por el ente de acusación. Ante un juzgado del departamento negó su participación en los hechos.

Por otro lado, otro miembro de la Fuerza Pública está siendo procesado por haber protagonizado, supuestamente, un abuso sexual contra una menor de 13 años en el municipio de Andes, ubicado en la subregión del suroeste antioqueño.

Los hechos estudiados por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta que los presuntos delitos se habrían cometido de manera repetitiva entre los meses de octubre de 2021 y febrero de este año. Al parecer, ocurrieron en una zona semirrural de esta población, según el testimonio que suministró a las autoridades la víctima.

El material probatorio recopilado por el ente de acusación pondría en evidencia que los supuestos vejámenes habrían sido cometidos en la residencia del uniformado de 30 años. El director de la entidad en Antioquia, Daniel Parada Bermúdez, sostuvo que los encuentros se realizaban en las horas de la madrugada para evitar quedar en evidencia.

“El patrullero fue capturado por servidores de la Policía Nacional y no se allanó a los cargos imputados por un fiscal de la Unidad de Género de la Seccional Antioquia”, afirmó el funcionario al relacionarlo delante de un juez como presunto responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años en el pueblo de Andes.

A pesar de haber refutado los argumentos presentados por el ente de acusación, un juez de la República determinó que podría afectar las investigaciones, por lo que debe permanecer en una cárcel mientras avanzan los estudios en su contra. En ese período, podrá acumular pruebas para contrariar el relato de la víctima y la Fiscalía.