“Uribe y Cabello acordaron sacarme del cargo”: Daniel Quintero

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha reaccionado a través de su cuenta de Twitter a la decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspenderlo por presunta participación política. En tres comentarios ha puesto en tela de juicio la legalidad de la determinación. Incluso, acusó al expresidente Álvaro Uribe y a Margarita Cabello de gestionar conjuntamente la inhabilidad provisional que carga.

El primer comentario lo escribió minutos después de que se hiciera pública la noticia donde advirtió que, con la decisión, habría iniciado un golpe de Estado. Palabras que coincidieron con las que emitió Gustavo Petro, líder la campaña que hoy tiene en aprietos a Quintero: “Golpe de Estado en Medellín”.

Después, denunció que la democracia colombiana estaba en riesgo con su salida justificando que la resolución que emitió el ente de control lo quiere mantener al margen de la administración “para intervenir en las presidenciales”.

A juicio de Daniel Quintero, la decisión que hoy lo aleja del centro administrativo de La Alpujarra nació de un acuerdo entre el jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe, y la procuradora Margarita Cabello.

La suspensión

La suspensión de Daniel Quintero se dio luego de que publicara un video, con doble sentido, en el que aparecía en un carro diciendo “cambio en primera”, lo que fue leído como un apoyo al candidato a la presidencia de el Pacto Histórico, Gustavo Petro, cuya aspiración ha sido respaldada por varios funcionarios de esta administración. Incluso, algunos han dejado su cargo a un lado para sumarse a la campaña.

La Procuradora Margarita Cabelló fue contundente en su declaración y afirmó que “como procuradora debo propender siempre por generar equilibrio y evitar ser parte de las controversias, y así lo estoy haciendo, pero les digo, como exprese el día de mi posesión, no se equivoquen conmigo, la Procuraduría seguirá vigilante y actuando con rigurosidad y contundencia para garantizar unas elecciones democráticas y transparentes”.

Ante el vacío jurídico que hay en el país luego de que la CIDH tumbara la sanción que en su momento le fue impuesta justamente a Petro cuando era alcalde de Bogotá, Cabello advirtió que sí tiene la competencia para tomar este tipo de decisión.

“La Procuraduría General de la Nación tiene la competencia legal y constitucional para investigar, suspender provisionalmente y sancionar hasta con destitución e inhabilidad a todos los servidores públicos del país, incluso a los que han nombrados por elección popular”, afirmó Cabello al anunciar las sanciones.

Aunque el detonante de la sanción contra Quintero fue un video en el que no es realmente claro lo que quiere decir y la posibilidad de que sea un apoyo a Petro es un lectura entrelíneas, Cabello justificó la decisión que acaba de tomar advirtiendo que “los servidores públicos deben tener en cuenta que la participación en política no se reduce a la solicitud expresa de votar por un candidato, sino que contempla cualquier actuación que genere en el imaginario colectivo la realización de alianzas o apoyo que rompan con el equilibrio de la contienda electoral. El uso de las redes sociales y de los medios de comunicación no puede ser instrumento para afectar la imparcialidad de ese proceso”.

Además explicó que “la democracia tiene reglas y estas deben cumplirse, mientras no existe una ley estatutaria, ningún servidor público, desde el menor rango y hasta el más alto nivel puede utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos, y en las controversias políticas sin perjuicios de los derechos previstos en la Constitución y la ley”.

En total fueron cuatro los funcionarios públicos contra los que Cabello anunció las sanciones. Daniel Quintero, alcalde de Medellín; Andrés Fabián Hurtado, alcalde de Ibagué, Tolima; Gustavo Adolfo Herrera, concejal de Calarcá, Quindío; y Grenfell Lozano Guerrero, personero del municipio de Nátaga, Huila.