En la mañana de este martes 27 de enero, un grupo de ciudadanos realizó una acción directa de protesta en el peaje Siberia–Funza, levantando las talanqueras como llamado de atención frente al “silencio reiterado de las autoridades y de la concesión responsable” ante la creciente crisis de seguridad vial y las muertes registradas en este corredor, según conoció SEMANA.
La manifestación se produjo, según se supo, luego de más de dos años y medio de solicitudes formales de la comunidad para conocer con claridad cuánto se recauda en este peaje y cómo se invierten esos recursos, sin que hasta la fecha exista “una respuesta técnica, pública y verificable”. Durante la jornada estuvieron presentes como activistas sociales Óscar Sánchez y Juan Rachif, quienes acompañaron la acción ciudadana y respaldaron el llamado a la transparencia y a la protección de la vida en la vía.
Pese a que el peaje Siberia–Funza lleva más de 20 años en operación, la vía mantiene prácticamente la misma estructura: sin ampliaciones acordes al crecimiento del tráfico, sin intercambiadores viales, sin retornos seguros, con escasos puentes peatonales y graves deficiencias de iluminación, incluso en zonas industriales por donde transitan miles de trabajadores a diario.
Desde un enfoque técnico, los corredores con tráfico mixto —carga pesada, transporte particular y peatones— que no cuentan con infraestructura de segregación presentan mayores índices de siniestralidad. En Cundinamarca, este tipo de vías se ubica de forma recurrente entre las que registran mayor número de accidentes con víctimas, lo que, según los ciudadanos, demanda intervenciones estructurales urgentes.
Los manifestantes advirtieron que cuando las autoridades conocen los riesgos y no actúan, la omisión “deja de ser administrativa y se convierte en negligencia institucional”. Recordaron además que, desde el punto de vista contractual, los peajes deben cumplir el “principio de equilibrio económico y protección al usuario”, garantizando que el recaudo se traduzca en seguridad vial y reducción del riesgo de muerte.
Aunque reconocen avances puntuales como la construcción de un ciclocarril, los ciudadanos señalaron que no existe proporcionalidad entre el recaudo histórico del peaje y las obras ejecutadas, especialmente en materia de seguridad y protección de la vida humana. La acción de levantar las talanqueras, explicaron, no buscó generar caos, sino exigir “respuestas claras, la publicación de cifras reales de recaudo y un cronograma concreto de obras que eviten que esta vía continúe cobrando vidas”.
Óscar Sánchez y Juan Rachif reiteraron que la intención es abrir un debate público sobre la responsabilidad institucional frente a la seguridad vial y la transparencia en el uso de los recursos que pagan diariamente miles de ciudadanos.