La Red de Veeduría de Colombia se pronunció sobre la propuesta de reforma al régimen de concesiones portuarias, que busca modificar el Decreto 1079 de 2015 y actualizar los procedimientos del sector. La organización señaló que la iniciativa puede contribuir a modernizar estos procesos, pero planteó algunos ajustes para precisar su aplicación.
Uno de los aspectos analizados es el procedimiento previsto, que contempla publicaciones, audiencias, requerimientos, evaluaciones técnicas, observaciones, propuestas alternativas y oportunidades de mejora.
“El primer problema se encuentra en el procedimiento. El proyecto acumula publicaciones, audiencias, requerimientos, evaluaciones técnicas, observaciones, propuestas alternativas y oportunidades de mejora, sin establecer una secuencia suficientemente clara ni determinar el efecto de cada actuación sobre los términos para decidir”, señaló la Red.
La organización también se refirió a la distribución de competencias entre las entidades que participan en el sector. Al respecto, indicó: “El uso indistinto de palabras como ‘supervisión’, ‘seguimiento’, ‘vigilancia’ y ‘control’ puede provocar que dos entidades adelanten actuaciones sobre un mismo hecho o, en sentido contrario, que ninguna intervenga oportunamente porque cada una entienda que la competencia pertenece a otra autoridad”.
Reforma portuaria @MinTransporteCo debe ser más antitramites, pues podría aumentar trámites y abrir nuevos riesgos para las concesiones -
— RED DE VEEDURIAS DE COL-PabloBustos (@redveeduriascol) October 7, 2026
El proyecto que busca modificar el Decreto 1079 de 2015 presenta vacíos en materia de competencias, autorizaciones temporales, permisos de… pic.twitter.com/BfrSziVj5L
Otro de los puntos corresponde a los permisos de embarcadero y las autorizaciones temporales. La Red consideró necesario precisar sus requisitos, duración, prórroga, terminación, contraprestaciones, condiciones operativas y régimen de vigilancia.
Frente a las decisiones de autoridades ambientales, marítimas, fluviales y territoriales que puedan incidir en contratos de concesión, planteó que “todo efecto sobre el contrato debe ser analizado y formalizado por la entidad concedente, con respeto del debido proceso y de la distribución contractual de riesgos”.
También propuso revisar las reglas sobre propuestas alternativas, valor residual de inversiones y el Registro Único de Concesiones Portuarias (RUCOP), para evitar duplicidades con otros sistemas.
Finalmente, la organización señaló que “la reforma portuaria necesita menos trámites repetidos, términos claros, decisiones coordinadas y competencias inequívocamente delimitadas”.