Hace algunos días se conoció que la posesión de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) se retrasó por la cantidad de documentos que les habían pedido en la oficina jurídica de la Presidencia para poder tomar posesión. A uno de ellos, por ejemplo, le retrasaron su proceso debido a que la fotocopia de la cédula que envió no estaba ampliada al 150 %, mientras otro estaba ‘varado’ por la libreta militar.
Según el más reciente informe presentado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, son varias las entidades que, a pesar de la Ley 2052 de 2020, denominada Ley antitrámites, no están cumpliendo a cabalidad con la simplificación de los trámites.
La “tramitomanía” afecta de manera grave la calidad de vida de los colombianos y la competitividad o el costo de hacer negocios en el país.
En total son 2.900 trámites y otros procedimientos administrativos los que deben ser simplificados por parte de las entidades del orden nacional y territorial, que corresponden a trámites que debieron simplificarse al 31 de diciembre de 2021 y no se reportó su cumplimiento, según reportó el Departamento de la Función Pública.
Entre este grupo también están aquellos trámites que aún no han sido simplificados, atendiendo a las disposiciones contenidas en el Decreto Ley 2106 de 2019 y en la Ley 2052 de 2020.
De acuerdo con el reporte, en las entidades nacionales hay 1.439 trámites por racionalizar, en tanto que en las municipales y territoriales la suma asciende a 1.461.
Entre los trámites que deben ser racionalizados se destacan los siguientes: la solicitud de crédito educativo para pregrado en el país, trámite a cargo del Icetex, y para el que se busca implementar acciones de interoperabilidad externa, con el fin de disminuir los documentos requeridos que carga el solicitante para legalizar el crédito.
Otro de los trámites nacionales que debe simplificarse está a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con relación a la implementación de formularios en línea, que permitan la solicitud del trámite de Garantía del derecho de alimentos, visitas y custodia, a través de medios electrónicos.
En cuanto a las acciones de racionalización en las entidades territoriales, se destaca la disposición del trámite de Permiso de uso o aprovechamiento económico de parques o escenarios, para ser realizado totalmente en línea y que está a cargo del Instituto Distrital de la Recreación y el Deporte, IDRD.
Ley antitrámites
La denominada Ley antitrámites obliga al Estado a crear un archivo digital con los documentos que habitualmente entregan los ciudadanos en las oficinas estatales, de tal forma que allí esté disponible la cédula en un archivo digital cuando sea requerida.
Esto con el fin de simplificar los trámites y eliminar, por ejemplo, la exigencia de la fotocopia ampliada al 150 %, un documento que en todo caso siguen siendo solicitado por las entidades públicas.
Según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Colombia solo el 4 % de los trámites se puede hacer en línea. Así mismo, el 82 % de las entidades públicas no comparte información entre sí, lo que les traslada la carga a los ciudadanos.
Colombia es además el país donde sus habitantes más pueden demorarse en finiquitar un trámite ante el Estado. El país está por encima del promedio regional (5,4 horas) y puede destinar hasta 7,4 horas en ese tipo de diligencias. El tiempo para que se le dé una respuesta puede tardar en promedio unos 20 días.