El Pacto Histórico se declarará en oposición ante el Gobierno de Abelardo De La Espriella este 20 de julio. Aunque el partido político no lo reconoce como jefe de Estado, le hará contrapeso a sus decisiones e impulsará demandas ante las autoridades judiciales para que se anule su elección, dado que se tendrían pruebas —desconocidas hasta ahora por la opinión pública— de un aparente fraude.
En entrevista con SEMANA, el congresista Gabriel Becerra explicó cómo actuará la izquierda en los próximos cuatro años.
SEMANA: ¿Cuál será el papel que va a desempeñar el Pacto Histórico durante el gobierno de Abelardo De La Espriella?
Gabriel Becerra: Al momento, la bancada y el partido han tomado la decisión de declararse en oposición conforme al estatuto de la oposición y creo que eso, en una democracia, es muy importante. Creo que hay que ayudar a que los proyectos políticos se diferencien.
Si usted optó por la Presidencia de la República, y por ahora no se logró ese objetivo, más allá de la demanda de nulidad y de las impugnaciones que tenemos el derecho legal de ejercer, hay que continuar defendiendo el proyecto que representamos, que es distinto al que representa el proyecto de derecha de Abelardo De La Espriella.
SEMANA: ¿Cómo harán oposición?
G. B.: En primer lugar, nuestra decisión va a estar marcada por una decisión de oposición en el marco de la Constitución de la ley, que va a ser una oposición inteligente, alternativa, que va a estar expresada en los espacios institucionales, como el Congreso de la República, como las demás instancias institucionales que permiten ejercerla. Para nosotros es muy importante que esa oposición esté acompañada de la participación de la ciudadanía y del pueblo, que es bueno recordar en un número de casi 13 millones, 12,7 millones, acompañó nuestra propuesta política, y además somos la bancada en el Senado y la bancada en la Cámara más grande.
Básicamente, lo que vamos a hacer es ejercer una labor de oposición, de control político y de defensa de un proyecto alternativo al que ahora retoma el Gobierno nacional a través de esas vías, y estamos discutiendo también otra vía que es la del gabinete alternativo.
SEMANA: ¿Cómo funcionaría el gabinete alternativo?
G. B.: Funcionaría en una versión colombiana de lo que es una experiencia en otros países, ya que tienen régimen parlamentario; nosotros no lo tenemos, somos presidencialistas, pero yo rescataría sobre todo la labor de un gabinete alternativo en el campo del control y de toda la política pública de ministerios y entidades, alertando sobre el desarrollo de esa política y reafirmando propuestas alternativas y opiniones para debates de control político y para acciones del movimiento social y del movimiento político.
SEMANA: ¿Cada congresista asumiría un ministerio o entidad? ¿Cómo se ha pensado la metodología?
G. B.: Ese tema metodológico es el que tenemos que definir en los próximos días, semanas, pero está ya la decisión de avanzar en esa propuesta y estamos trabajando tanto el equipo como la metodología.
SEMANA: ¿Cómo va a actuar el 20 de julio la oposición?
G. B.: El 20 de julio, por Constitución, se posesiona el nuevo Congreso de la República. Acompañaremos en las horas de la tarde la posesión de nuestra bancada y de todo el Congreso. Allí vemos que se tiene la intención de abrir un debate sobre la posesión del presidente Abelardo De La Espriella. Yo ayer radiqué una proposición para esa nueva mesa directiva, dejando mi postura, que es la que también propondrá el Pacto, de que defendamos que la posesión del presidente se haga respetando el espíritu del carácter civil, porque no es una formalidad, no es un problema logístico; es que la Constitución y la ley quinta establecen que la posesión del presidente es ante quien representa el poder civil y al pueblo, que es el Congreso de la República, y no precisamente una posesión ante los militares o en una guarnición militar. Creo que ese símbolo es importante en la gracia y nosotros vamos a pedir que se respete.
SEMANA: ¿Cuál será la agenda legislativa del Pacto Histórico para este nuevo período?
G. B.: Nosotros vamos a estar en unas condiciones de oposición, nuestras circunstancias serán más complejas, pero nosotros no vamos a cambiar nuestro programa, vamos a insistir en temas importantes como, por ejemplo, la reforma de la salud, vamos a insistir en el tema de la ley contra el fracking, vamos a insistir en la jurisdicción agraria, vamos a insistir en la agenda de proyectos y de reformas que vamos a seguir defendiendo con la ciudadanía y, lógicamente, eso estará acompañado también de un control político a los decretos que se supone va a presentar el nuevo Gobierno al inicio de su mandato.
SEMANA: ¿Cómo van a vincular a la ciudadanía con las luchas de la oposición?
G. B.: A través de los mecanismos que permiten la Constitución y la ley. Vamos a acompañar las manifestaciones de los campesinos si la pretensión es revertir la reforma agraria. Acompañaré, como lo he hecho siempre, las manifestaciones de los estudiantes para defender el carácter gratuito de la universidad pública, la financiación, la oferta, la democracia, la autonomía. Acompañaremos a los trabajadores si se quiere revertir la reforma laboral e imponer los contratos por horas. Acompañaremos a los adultos mayores, a las madres comunitarias y a los jóvenes beneficiarios de los programas de prosperidad social. Acompañaremos la defensa de la ley pensional y lo haremos, repito, en el Congreso y estaremos en la calle.
SEMANA: Algunos sectores políticos temen que las eventuales protestas terminen en violencia, ¿qué responder frente a eso?
G. B.: Yo creo que esa lectura es una lectura que desconoce los derechos que están previstos en la Constitución y, en particular, el derecho a la participación. Yo creo que asociar la participación, la movilización, a un fenómeno de violencia es más un estigma y un prejuicio. Miren que durante estos 4 años el desarrollo de la movilización, en su inmensa mayoría, se realizó sin ningún tipo de hechos que lamentar de violencia, porque hubo un espíritu de respeto a esa manifestación. Lo triste sería que con el gobierno de Abelardo De La Espriella regresaran las afectaciones a la integridad de los manifestantes, especialmente de los jóvenes, las pérdidas de los ojos, la pérdida de vidas.
SEMANA: El presidente Petro insiste en la teoría del fraude electoral, ¿cuál será la posición del Pacto Histórico frente a eso?
G. B.: La ley prevé que, después de que pase el escrutinio, si no se resolvieron impugnaciones, usted puede presentar una demanda de nulidad electoral y creo que se han venido acopiando suficientes evidencias para cuestionar ese proceso electoral y sus resultados. No hubo ni un juez de la República y un notario de Colombia que certificara las votaciones en el exterior. Hay bastantes informaciones, algunas de ellas evidencias y pruebas, de que se pudieron haber presentado prácticas fraudulentas en los resultados de la elección. Una elección que, repito, ganó Abelardo de la Espriella por menos de un punto, y ese menos de un punto lo logró casi que en su mayoría con la votación del exterior. Cuestiona bastante la legitimidad de un presidente cuya victoria, siendo tan pequeña, esté basada en un proceso de escrutinios en el exterior donde no se pudo realmente contar los votos; lo que se contaron fueron los datos que enviaron en unas actas.
Entonces, lo que corresponde en un Estado de derecho es que el presidente de la República o cualquier ciudadano que tenga objeción frente a esos hechos vaya ante la justicia, en este caso, ante el Consejo de Estado, la Sección Quinta, y presente una demanda de nulidad. Creo que eso no debería generar escándalo porque ejercer los derechos previstos en la Constitución no es algo que merezca reproche.
SEMANA: ¿El Pacto Histórico tiene pruebas que lleven a la justicia a anular la elección de Abelardo De La Espriella?
G. B.: Eso lo definirá el Consejo de Estado si tiene demandas que son totalmente válidas y que se presentarán ante los jueces de la República para que ellos las valoren y tomen las decisiones definitivas.