política

Cámara de Representantes desvinculó laboralmente a embarazadas, mujeres en licencia de maternidad y prepensionados

Denuncian que la Dirección Administrativa de la corporación no tuvo en cuenta la situación especial de los exfuncionarios.


Trascienden denuncias contra la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes por la desvinculación laboral de cuatro mujeres embarazadas, ocho mujeres en licencia de maternidad y un prepensionado.

La denunciante es Laura Medina Ruiz, líder de opinión del Centro Democrático y activista en redes sociales. Según ella, se están “vulnerando los derechos de las mujeres trabajadoras y de prepensionados”. A su vez, señala a David Racero, presidente de la Cámara, por no intervenir en la situación.

Los funcionarios, que eran parte de Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) de representantes, tendrían fuero de estabilidad, que por ley los protege del desempleo. Sin embargo, la Dirección de Personal de la corporación decidió no reubicarlos en otro cargo, sino mantener para algunos el pago de la seguridad social.

SEMANA conoció el testimonio de una asesora de la UTL de un congresista que no se reeligió el 13 de marzo. La mujer, quien prefiere no revelar su nombre, cumplió con notificar su embarazo al representante y a la Dirección Administrativa.

El representante, que es abogado, le aseguró a la funcionaria que el procedimiento permitía que la reubicaran en otra UTL o que la asignaran en un cargo afín. Incluso, en la Secretaría General le dieron seguridad de que así se procedería en su caso. Sin embargo, al ver que le pagaron hasta el 19 de julio, día que finalizaron las funciones del periodo anterior, se dio cuenta de que fue desvinculada.

La mujer le contó a este medio que el jefe de la Dirección de Personal de la Cámara, Juan Aaron Rivero, le contó telefónicamente que se tomó la decisión de desvincularla y solo pagarle la seguridad social durante su embarazo.

“No nos van a pagar el salario de estos meses de embarazo y nadie nos va a dar trabajo”, dijo.

Después de la llamada, la exfuncionaria se preparó para adelantar acciones legales, pero aún no había sido notificada de su desvinculación.

Por esto, le pidió al senador Miguel Uribe, quien por estatuto de la oposición tiene derecho a una respuesta más rápida, que enviara un derecho de petición preguntando por la decisión final de la Dirección Administrativa frente a su caso, el de las demás mujeres embarazadas y el de los dos funcionarios prepensionados.

En el derecho de petición quedó registrado que efectivamente fueron cuatro mujeres desvinculadas. También asegura que a ellas “se les reconoce el pago de la seguridad social hasta culminar la licencia de maternidad”.

Otras ocho, por otro lado, se encuentran en licencia de maternidad, quienes también fueron desvinculadas.

“La EPS les está pagando su licencia de maternidad, pero la ley dice que la mujer debe volver a los cuatro meses a su trabajo”, argumentó la denunciante.

Adicionalmente, dos prepensionados fueron desvinculados, pero uno de ellos logró entrar a otra UTL. La otra persona se encuentra sin trabajo y sin la posibilidad de continuar su cotización para pensionarse.

Según Andrés Felipe Pérez, abogado de una de las mujeres embarazadas, esta desvinculación va en contra de lo dicho por la Corte Constitucional en cada uno de los casos.

“Tanto la ley como la jurisprudencia de la Corte Constitucional han creado unos fueros de estabilidad especial que, para este caso, son dos. Para las mujeres en estado de embarazo y las personas prepensionadas. La consecuencia de los fueros es que se debe conservar el cargo para esas personas”, dijo Pérez, en conversación con SEMANA.

De acuerdo con el abogado, esto también aplica para personas vinculadas con el Estado en cargos de libre nombramiento y remoción. “Se debe conservar su cargo mientras la situación de especial protección se siga presentando”.

La defensa de la mujer se basa en la Sentencia SU070 de 2013, la cual habla específicamente de la protección a la mujer embarazada o en lactancia en este tipo de situaciones laborales.

Pérez explicó que ahí se ordena que cuando una mujer no notifica su embarazo, el empleador solo está obligado a continuar pagando la seguridad social. Sin embargo, en el caso de las exfuncionarias, sí hubo una notificación.

“Para las personas que ya notificaron el estado de embarazo, como es el caso de todas las mujeres embarazadas desvinculadas, el ámbito de protección es distinto. La Corte dice que a estas personas no se les puede terminar la vinculación, sino que deben seguir trabajando normalmente para que puedan conservar su derecho al mínimo vital y licencia de maternidad”, explicó el abogado para este medio.

La postura de la Dirección Administrativa

Según la respuesta del derecho de petición, el argumento de la Dirección Administrativa de la Cámara frente a la desvinculación de prepensionados gira en torno al tipo de vínculo laboral en un cargo de libre remoción y nombramiento durante un periodo de cuatro años.

Además, citan que la Corte Constitucional, en la Sentencia T055 de 2020, asegura que la protección a prepensionados no traduce a “permanencia indefinida en el empleo”.

Con respecto a las mujeres embarazadas, SEMANA consultó a Juan Aaron Rivero, jefe de la Dirección de Personal de la Cámara. Según el funcionario, el área jurídica y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado emitieron el concepto que terminó en su desvinculación.

“Debido a la imposibilidad de reubicación en un cargo igual, se les otorgó la medida sustituta de protección al menor, pagando hasta que termine su licencia de maternidad la seguridad social”, contestó el funcionario.

Este medio consultó a David Racero, presidente de la Cámara, sobre el caso. Hasta el momento, no se ha recibido una respuesta al respecto.