Luego de un encuentro entre el canciller Omar Bula Escobar y el embajador rabino Yehuda Kaploun, enviado especial del Departamento de Estado de los Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano expidió un comunicado en el que rechazó el antisemitismo que se ha vivido en algunos sectores del país.
Uno de los que ha enviado mensajes en contra de esta comunidad ha sido el expresidente Gustavo Petro y varios de sus simpatizantes, quienes criticaron a los rescatistas de Israel que llegaron al país a ayudar tras el terremoto; además, el exmandatario dijo que supuestamente ellos estarían detrás de los incendios en el Tolima.
Aunque no mencionó hechos particulares, el Ministerio se mostró en contra de todos los ataques a la comunidad judía:
“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia rechaza inequívocamente el antisemitismo, el odio contra las personas judías y toda forma de persecución, discriminación o violencia motivada por razones religiosas o de creencia. No hay lugar para el antisemitismo en una sociedad democrática, plural y respetuosa de la dignidad humana”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró que la libertad religiosa y de cultos es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política y que, como Estado, tiene la obligación de garantizar que toda persona pueda profesar o practicar sus creencias sin temor a ser discriminada o perseguida.
“La Cancillería no será indiferente ante cualquier expresión de antisemitismo. Rechazamos los discursos y actos que promuevan el odio contra las comunidades judías, así como cualquier manifestación de intolerancia religiosa. Estas conductas lesionan la dignidad humana, amenazan la convivencia democrática y son incompatibles con los principios que sustentan el Estado social de derecho”, afirmó el Ministerio.
Además, reiteró su adhesión a la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) y su rechazo al odio contra las personas judías y sus lugares de culto.
“Nuestro rechazo a la intolerancia religiosa es igualmente inequívoco. Ninguna persona debe ser discriminada, perseguida o agredida por su religión, sus creencias o su identidad religiosa. La defensa de la libertad religiosa debe comprender a todas las comunidades y expresiones de fe, sin distinción”, señala el texto.
Agrega que, como Gobierno, su responsabilidad es proteger este derecho y promover las condiciones para que haya una sana convivencia basada en el respeto de la diversidad religiosa.
“Cuando se presenten conductas que puedan constituir delitos, corresponde a las autoridades competentes investigarlas y, de ser procedente, sancionarlas conforme a la ley”, asevera.
La Cancillería anunció que continuará defendiendo la libertad religiosa y seguirá trabajando por una sociedad en la que las personas puedan profesar sus creencias sin miedo.